Servicio de Salud inició auditoria clínica en caso denunciado por paciente oncológica de Aysén

Tras la denuncia hecha pública por María Marina Márquez, paciente oncológica de Puerto Aysén, quien reclama diagnóstico tardío y abandono del principal recinto asistencial porteño, la dirección regional del Servicio de Salud ha iniciado una auditoria clínica.

Aysen.- Esto con el fin de esclarecer lo que ocurrió en este caso y en forma paralela brindar acompañamiento a la paciente. Así lo informó el subdirector médico del SSA, doctor Franklin Fournier, quien comenzó lamentando la situación que ha denunciado la joven madre aisenina.
“Lamentamos que esta coterránea tenga este diagnóstico y que esté pasando por este momento difícil ella y su familia, no puedo entrar en detalles clínicos porque obviamente hay que resguardar la privacidad de los datos sensibles que se manejan como red asistencial y en la ficha clínica fundamentalmente. Pero lo que si hemos podido revisar es que, se ha hecho un adecuado seguimiento clínico de acuerdo a la normativa vigente, de acuerdo a los protocolos del Ministerio, de acuerdo a las fichas clínicas inclusive. Pero ante esta denuncia ya se instruyó que se realice una auditoria clínica, para poder revisar los procesos, ver si hubo algún error, poder corregir esos errores, si es que así se encontrase”.
Otra de las medidas que se ha dispuesto desde el Servicio de Salud es, “poder acompañar paralelamente a esta investigación a la familia, para lo cual lo equipos de salud ya se han contactado con ellos, le han ofrecido su ayuda y evidentemente va a depender si es que la aceptan o no, me refiero al apoyo familiar y al apoyo psicológico. Así es que, tenemos que esperar que termine esta investigación, para poder dar con mayor certeza y evidentemente siempre y cuando la usuaria y su familia estén dispuestos a que nosotros revelemos mayor cantidad de datos”, señaló el doctor Fournier.
Recordar que, María Marina Márquez, es madre de tres menores y asegura que debido al diagnóstico tardío de cáncer, hoy esta enfermedad se encuentra totalmente avanzada, algo que cree se podría haber superado si desde que tuvo el primer diagnóstico de su PAP alterado le hubiesen informado clara y oportunamente.

Fuente: https://www.rln.cl/

Por unanimidad. Consejo para la Transparencia acogió amparo y ordenó a la Subsecretaría del Interior entregar información sobre Sistema de Extranjería.

El requirente solicitó las variables contenidas en el sistema.

21 de junio de 2020

El Consejo para la Transparencia acogió el amparo deducido por particular en contra de la Subsecretaría del Interior ordenando la entrega de la información solicitada.
El requirente solicitó a la institución la información respecto al Sistema de Extranjería B3000, señalando el total de variables y casos que contiene dicha base de datos, así como el detalle de cada una de las variables y las institcuiones que tienen acceso a ella. El Hospital reclamado respondió a dicho requerimiento de información indicando que no es posible acceder a lo solicitado, pues el sistema en comento es una base de datos que contiene un sinfín de información privada de migrantes, en este sentido, entregar el detalle de las variables solicitadas, implicaría necesariamente la vulneración de datos sensibles, y/o personales. Además, señalan que lo solicitado es un programa informático o software que obedece a una secuencia de instrucciones, no constituye un acto o resolución emanado por del Departamento de Migración y Extranjería.
Con fecha 13 de agosto de 2019, la requirente dedujo amparo a su derecho de acceso a la información fundado en la respuesta negativa. En sus descargos, el órgano accede a lo pedido indicando que el sistema informático está operativo desde el año 2000, tipo cliente-servidor, que permite gestionar y registrar información de los extranjeros y los trámites que realizan en el país. Dicha plataforma es administrada por la División de Redes y Seguridad Informática del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Las unidades del Estado e instituciones que tienen acceso al sistema, son principalmente: Intendencias, Gobernaciones, Policía de Investigaciones, Carabineros y Registro Civil. Este último tiene acceso a través de servicios web mediante el cual consultar información de los permisos otorgados por el Departamento de Extranjería, tanto en Santiago como Gobernaciones.
El Consejo acogió el amparo por unanimidad, teniendo por proporcionada, de manera extemporánea, la información relativa al total de variables, casos y años que comprende e instituciones que tienen acceso al Sistema B3000. Además, se requiere la entrega del detalle de cada una de las variables contenidas en dicho sistema. Lo anterior, debido a que no se logró acreditar, en esta instancia, su entrega ni que aquellos digan relación con datos personales y/o sensibles en los términos dispuestos en la ley N° 19.628, puesto a que no se refieren a personas naturales identificadas o identificables, si no a la enunciación de las variables que se ingresan en dicho sistema.

Vea texto íntegro de la decisión del Consejo para la Transparencia Rol C-5797-19.

Fuente: https://www.diarioconstitucional.cl/

Datos de sanidad pública, pandemia y actividad científica.

a negativa de entregar a la comunidad científica datos de salud, desagregados y anonimizados, sobre la evolución del COVID-19, afecta la actividad científica y a la sociedad toda, que es la destinataria final de esta actividad.

En las últimas semanas hemos sido testigos de peticiones, reclamos y críticas, formuladas por la comunidad científica, respecto de la información entregada en los reportes diarios del gobierno, sobre la evolución del COVID-19 en nuestro país. Se ha pedido insistentemente la entrega de datos de salud y epidemiológicos desagregados o “microdatos”, esto es, información más precisa sobre el número de contagiados, número de test realizados, personas que están siendo tratadas, número de fallecidos y recuperados, camas disponibles etc.[1].

Además, cuando se trata de datos personales y especialmente de datos de salud, se ha requerido que ellos sean anonimizados, es decir, que hayan sido sometidos a un proceso que evita su vinculación con una persona determinada, de manera de ajustarse a la protección constitucional y legal de aquéllos.

La entrega de la información sanitaria durante la pandemia ha sido diferente en los distintos países. Así, Nueva Zelanda, México, Colombia y Perú, entre otros, optaron por una entrega abierta de los datos. Otros países, en cambio, han decidido no entregar dato alguno, como es el caso de Guatemala y Nicaragua. En nuestro país, el gobierno se ha negado a transparentar toda la información y ha decidido efectuar una entrega parcial de datos. En los reportes epidemiológicos hay pocos microdatos o “información a nivel de paciente”[2], lo que obstaculiza el desarrollo de la investigación científica. Además, esa información sería, según se ha dicho, “engañosa”, o ambigua, especialmente si consideramos la forma de contabilizar los recuperados[3], o los cambios constantes de criterios.

Aunque últimamente ha aumentado la información disponible, persisten falencias sobre hospitalizados en instituciones públicas o privadas, disponibilidad de camas y ventiladores en unos y otros, detalle de fallecidos, datos por comunas y otros[4].

Los datos personales están amparados por el derecho a la protección de datos, contemplado en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, el cual dispone que tanto su tratamiento como su  protección se efectuaran, en la forma y condiciones que determine la ley[5]. Dentro de los datos personales, los datos de salud se ubican en los llamados datos sensibles, que son aquellos que por su naturaleza, tienen una protección reforzada.

Esa ley, a la que alude la Constitución, es la N° 19.628, sobre protección de datos personales, un cuerpo legal que data del año 1999 y que, debería modificarse para incluir aspectos que hagan más efectiva su protección, como, por ejemplo, contemplar la institucionalidad a cargo de su debido resguardo[6].

Aunque con posterioridad a la reforma constitucional no se ha actualizado la ley, existen varias disposiciones legales que también protegen los datos personales de salud. En primer lugar, los artículos 12 y 13 de la ley N° 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones de salud, se refieren a la reserva de la ficha clínica y a la confidencialidad de los datos contenidos en ella, así como a las personas y organismos que pueden tener acceso a la información contenida en esas fichas clínicas, total o parcialmente, entre ellas, el Instituto de Salud Pública.

También protegen los datos de salud otras disposiciones, como el artículo  101, inciso noveno del Código Sanitario; el artículo 4 de la ley N° 19.799, que establece normas relativas al virus de inmunodeficiencia humana y crea una bonificación fiscal para enfermedades catastróficas y el artículo 12 de la ley N° 20.120, en cuanto esos datos se refieran a información genética.

Como se dijo, lo que se pide a las autoridades es información pública de salud, con dos características, desagregada o desglosada y anonimizada, la que resulta indispensable para que aquellos que se dedican a la investigación científica, y han puesto desinteresadamente sus esfuerzos a disposición del gobierno y de toda la sociedad, puedan llevar a cabo sus investigaciones. Ello, con el fin de proteger la salud y la vida de todos los ciudadanos, en riesgo desde que ingresaran los primeros casos de afectados por el COVID-19 al territorio nacional[7].

Esa información permitiría generar conocimiento útil no sólo para la ciencia, sino que iría en beneficio inmediato de las mismas autoridades públicas, nacionales y locales, que podrían mejorar la toma decisiones con una base científica, y, en fin, de la sociedad toda, pues de lo que se trata, ni más ni menos, es de salvar vidas.

La falta de entrega de información pública oportuna y completa afecta el derecho a acceder a la información pública[8]. Pero, en lo que sigue no me referiré a este derecho, sino que me centraré en la actividad científica y las normas que resguardan a esta actividad.

En muchos ordenamientos jurídicos, la actividad científica se encuentra amparada por un derecho fundamental, la libertad de investigación científica. No se trata de un derecho nuevo, sino que un derecho que hunde sus raíces en aquellos lejanos tiempos del tránsito a la modernidad, en que los científicos y filósofos, como Galileo Galilei y Giordano Bruno, reivindicaban la libertad de filosofar, la libertad de la ciencia o la libertad filosófica y científica, al mismo tiempo que desarrollaban su actividad investigativa.

Pese a que no tiene consagración expresa en el texto constitucional vigente[9], en nuestro ordenamiento jurídico, es posible encontrar referencias legales a la libertad de investigación científica como derecho y como principio. Además, existen varios deberes estatales respecto de la investigación científica y algunos límites que afectan al ejercicio de esta actividad, considerando derechos fundamentales y bienes jurídicos que puedan verse eventualmente afectados por ella, entre esos los datos sensibles.

Como derecho fundamental, no está contemplado explícitamente en la Constitución, aunque podría entenderse que tiene una consagración implícita, que se desprende de dos derechos con los cuales suele vincularse y con los que comparte ámbitos espaciales[10]. En efecto, podría entenderse como un derecho implícito si vinculamos lo dispuesto por el artículo 19 N° 10, que consagra el derecho a la educación, y el artículo 19 N° 12, que se refiere a la libertad de expresión –de emitir opinión y de informar en la Constitución-, con la cual se reivindica en sus remotos orígenes, y ambos derechos con el artículo 5, inciso segundo, que nos remite a las normas contenidas en los tratados internacionales sobre derechos humanos, ratificados por Chile y vigentes.

La única disposición constitucional que hace referencia a la actividad científica es el artículo 19 N° 10, inciso sexto, que consagra el derecho a la educación. En él se contiene un mandato a los poderes públicos, pues establece un deber estatal de “estimular la investigación científica y tecnológica”, entendiéndose por los autores, que aquí se establece una obligación de financiar, subsidiar o fomentar, con fondos públicos, ese proceso sistemático de búsqueda de nuevos conocimientos o soluciones a nuevos problemas, en que precisamente consiste la investigación científica[11].

Me parece que con mayor acierto y claridad, Humberto Nogueira entiende que esa frase del inciso sexto, alude a la “tarea del Estado de realizar mediante acciones un esfuerzo efectivo y real para lograr […] que la investigación científica y tecnológica se realice”, ya sea en el plano de las ciencias exactas como en las ciencias sociales y humanas[12].

En un sentido similar, Molina Guaita, destaca que ese deber se fundamenta en la importancia de la investigación para el desarrollo de los pueblos, y en la necesidad de que efectivamente se cumpla[13].

Por su parte, el vínculo de la libertad de investigación científica con la libertad de expresión, es su origen  común. Tiene los mismos fundamentos, con la libertad de pensamiento, amparada después por la libertad de expresión y se entiende, que al igual que la libertad de creación artística, es también una concreción de este derecho.

Distinta es la situación a nivel legislativo, pues la libertad de investigación científica ha sido mencionada en algunos cuerpos legales, especialmente para aludir a ámbitos específicos en los que se establecen límites a la actividad científica. Así, el artículo 2 de la ley N° 20.120, dispone –aludiendo expresamente a la libertad de investigación- que la “libertad para llevar a cabo actividades de investigación científica biomédica en seres humanos tiene como límite el respeto a los derechos y libertades esenciales que emanan de la naturaleza humana” y, en términos similares a los mencionados por el artículo 5 de la Constitución, añade, que también comprende los derechos reconocidos “por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes”[14].

Entonces, si se menciona la libertad de investigación de manera específica, es porque se entiende que hay también un derecho fundamental, al menos reconocido legalmente.

En el ámbito internacional, la libertad de investigación científica se encuentra contemplada en varios instrumentos, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en el artículo 19, señala que “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. Más adelante, contiene una referencia específica a la ciencia y a la cultura, en el artículo 27.1, conforme al cual “toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten”.

También el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, después de consagrar el derecho a participar en la vida cultural, se refiere al derecho de toda persona a “gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones” (15.1.b). La misma disposición establece, más adelante, entre las medidas que los Estados Partes deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de éste derecho, “las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y de la cultura” (15.2), comprometiéndose a “respetar la indispensable libertad para la investigación científica y para la actividad creadora” (15.3) y a reconocer “los beneficios que derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones internacionales en cuestiones científicas y culturales” (15.4).

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, no menciona a la libertad de investigación científica. Pero, para superar esa omisión, el Sistema Interamericano adoptó, en el año 1988, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conocido también como Protocolo de San Salvador. El artículo 14.3 de éste, relativo a los beneficios de la cultura, establece que “los Estados Partes en el presente Protocolo se comprometen a respetar la indispensable libertad para la investigación científica…”[15].

Por otro lado, la libertad de investigación es aludida como principio en otras normas. Ello ocurre en la ley N° 21.094, sobre Universidades Estatales, aunque la investigación científica no se desarrolla exclusivamente en las universidades. El artículo 2 de ese cuerpo legal, vincula la libertad de investigación con la autonomía universitaria, pues entiende que tanto ella como la libertad de cátedra y de estudio, integran la libertad académica, la que, a su vez, fundamenta la autonomía académica (artículo 2). Esa misma ley, lo contempla como principio inspirador del quehacer de las universidades estatales (artículo 5).

Finalmente hay muchas normas que, partiendo de la base de la importancia de la ciencia en la sociedad, reiteran ese deber del Estado de estimular la investigación científica. Lo hace el artículo 5 de la ley N° 20.370, Ley General de Educación. Además, las leyes se refieren a la promoción de la actividad científica en ámbitos específicos, como lo hace, por ejemplo, el artículo 4° de la ley N° 19.779, que establece que “El Estado promoverá la investigación científica acerca del virus de la inmunodeficiencia humana”.

Además, la ley N° 21.105, que crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, establece en el artículo 1°, que el objeto de la ley es “establecer un marco general que estructure, impulse, coordine y promueva las actividades de ciencia, humanidades y desarrollo tecnológico en todas sus etapas, a fin de contribuir al desarrollo sustentable y al bienestar social”. Y señala las funciones y atribuciones del titular de esa cartera, algunas de las cuales no se han observado durante la pandemia.

En efecto, de acuerdo con el inciso final del artículo 3, en ejercicio de sus funciones, el Ministerio “promoverá que el conocimiento y la innovación de base científico-tecnológica enriquezcan los procesos de formulación e implementación de políticas públicas, fomentando la coordinación y colaboración interministerial e interregional[16], el desarrollo de iniciativas conjuntas dentro del sector público y la cooperación pública y privada”.

También se establece que fomentará la investigación básica y aplicada y la generación de conocimiento en ciencia y tecnología; fomentará instancias de diálogo y coordinación con la comunidad científica, velará por el cumplimiento de los tratados internacionales sobre ciencia, investigación y tecnología, etc.

En suma, la actividad científica está amparada por muchas normas, de distinto nivel jerárquico, dentro de nuestro ordenamiento jurídico. No está amparada constitucionalmente y de forma expresa, por un derecho fundamental. Sin embargo, hay varias normas que amparan su ejercicio, dentro de ciertos límites, y varios deberes estatales, especialmente el de estimular esa actividad, los que deben vincularse al deber contemplado en el artículo 1 de la Constitución, esto es, la protección de la población, que es una expresión tan amplia, que comprende las “obras de seguridad y salubridad social”[17]. (Santiago, 18 junio 2020)

 


[1] PÉREZ, Jorge, “Académico acusa que estadística del MINSAL considera “recuperados” a personas que están en riesgo de morir”. Disponible en: https://ciperchile.cl/2020/04/30/academico-acusa-que-estadistica-del-minsal-considera-recuperados-a-personas-que-estan-en-riesgo-de-morir/ La información entregada consideraba como recuperados a los fallecidos y a quienes estén más de 14 días, aunque permanezcan en Cuidados Intensivos. Vid. también GUTIÉRREZ, Claudio, “Gobierno y datos del COVID-19: Secretismo, manipulación y democracia”. Disponible en: https://ciperchile.cl/2020/04/21/gobierno-y-datos-del-covid-19-secretismo-manipulacion-y-democracia/

[2] Peiró, Karma y Baeza Yates, Ricardo, Siete datos para lidiar con los datos de una pandemia (Parte III). Disponible en: https://www.elperiodista.cl/siete-lecciones-para-lidiar-con-los-datos-de-una-pandemia-parte-iii/

[3] BARROS Alejandro y ZAROR, Daniela, “Más y mejores datos: Las claves para el tránsito hacia la nueva normalidad”, Disponible en:https://ciperchile.cl/2020/05/15/mas-y-mejores-datos-las-claves-para-el-transito-hacia-la-nueva-normalidad/

[4] “El talón de Aquiles” en la gestión de la pandemia: CPLT advierte falta de transparencia  en datos de fallecidos y hospitalizaciones que entrega el gobierno”, 25.05.2020.

[5] Como contrapartida, el derecho de protección de los datos de salud, existe el deber de reserva o secreto profesional que tienen los médicos y los funcionarios públicos que acceden a información confidencial. Vid. FIGUEROA GARCÍA-HUIDOBRO, RODODLFO, Privacidad, Ediciones Universidad Diego Portales, Santiago, 2014, pp. 283-295.

[6] En el mes de marzo del año en curso se ingresó un proyecto de ley, que permitiría el tratamiento de datos sensibles con ocasión de una pandemia o epidemia. Boletín N° 13.350.

[7] En el ámbito europeo, el Reglamento Europeo sobre Protección de datos establece en el artículo 4, que el tratamiento de datos personales debe estar concebido para servir a la humanidad. El derecho a la protección de los datos personales no es un derecho absoluto, sino que debe considerarse  en relación con su función en la sociedad y mantener el equilibrio con otros derechos fundamentales, con arreglo al principio de proporcionalidad”.

[8] En este sentido, se ha pronunciado el Consejo para la Transparencia y la fundación Espacio Público.

[9] Aquí me limitaré a señalar que ha habido un par de intentos por consagrarla expresamente y que una Nueva Constitución es la oportunidad para discutir si la consideraremos expresamente.

[10] La categoría de “derechos implícitos” tiene su sustento en la STC Rol N° 634, de 2007, pero no está exenta de dificultades. Vid. CONTRERAS, Pablo, “¿Derechos implícitos? Notas sobre la Identificación de Normas de Derecho Fundamental”, en NÚÑEZ, José Ignacio (coord.), en Nuevas Perspectivas en Derecho Público, Santiago, Editorial Librotecnia, pp. 149-185.

[11] CEA EGAÑA, José Luis, Derecho Constitucional Chileno, tomo II, segunda edición actualizada, Ediciones Universidad Católica de Chile, Santiago, 2012, p. 353. VIVANCO, Ángela, Curso de Derecho Constitucional, tomo II, Ediciones Universidad Católica de Chile, Santiago, 2006, p. 390.

[12] NOGUEIRA ALCALÁ, Humberto, “El derecho a la educación y sus regulaciones básicas en el Derecho Constitucional Chileno e Internacional de los Derechos humanos”, en Revista Ius et Praxis, Año 14, N° 2, p. 239.

[13] MOLINA GUAITA, Hernán, Derecho Constitucional, Legal Publishing, 2009, 9a edición, p. 255.

[14] Esa ley, además, establece varias prohibiciones, como la clonación de seres humanos y límites a la terapia génica.

[15] El Protocolo de San Salvador no ha sido ratificado por nuestro país. Sin embargo, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada en abril de 1948, siete meses antes de la Declaración Universal de Derechos Humanos, se refiere a la libertad de investigar, en un sentido amplio, en el artículo 4. Éste dispone que “toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión, de expresión y de difusión del pensamiento por cualquier medio”, y se vincula con el artículo 13, según el cual, “toda persona tiene el derecho de participar en la vida cultural de la comunidad, gozar de las artes y disfrutar de los beneficios que resulten de los progresos intelectuales y especialmente de los descubrimientos científicos”. Dicha declaración, de acuerdo con el artículo 29 del Pacto de San José de Costa Rica, debe ser considerada en la interpretación de esa Convención.

[16] En materia regional, la ley N° 19.175, en el artículo 18, establece entre las funciones y atribuciones del Gobierno Regional la de apoyar al desarrollo de la ciencia y tecnología aplicada (letra a) y promover la investigación científica y tecnológica (letra f).

[17] CEA

Fuente: https://www.diarioconstitucional.cl/

Por unanimidad. Consejo para la Transparencia acogió amparo y ordenó a la Municipalidad de Chillán Viejo remitir información sobre uso de recursos públicos.

La requirente solicitó información sobre el uso de recursos dedicados a un camino.

19 de junio de 2020

El Consejo para la Transparencia acogió el amparo deducido por particular en contra de la Municipalidad de Chillán Viejo ordenando la entrega de la información solicitada.
El requirente solicitó a la Municipalidad el detalle de todos los desembolsos que ha realizado el Municipio en el Camino Principal que comparten los sectores Valle Escondido, Valle Más Hermoso, Valle De La Luna y Pan de Azúcar en los últimos 5 años, indicando la fecha, el monto, el ítem presupuestario, el tipo de producto o servicio, el recaudador del desembolso y el funcionario que solicita la ejecución del servicio
La Municipalidad reclamado respondió a dicho requerimiento de información, acompañando planilla de Excel, que contiene información sobre la motoniveladora y base estabilizada entre el periodo 2015 y 2019, de los cuales solo se mantiene información del 2016 y 2019, referentes a montos.
Con fecha 9 de octubre de 2019, la requirente dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del municipio, fundado en que la respuesta es incompleta.
El Consejo acogió el amparo por unanimidad, ordenando la entrega del detalle de todos los desembolsos que ha realizado el Municipio en el camino en los últimos 5 años. Lo anterior, por cuanto lo solicitado constituye información pública, en la medida que se trata de información relativa a la Administración del Estado, relacionados con el uso de recursos públicos. No obstante lo anterior, en el evento de que esta información o parte de ella no obre en poder del órgano, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando circunstanciadamente las razones que lo justifiquen.

Vea texto íntegro de la decisión del Consejo para la Transparencia Rol C-6988-19.

Fuente: https://www.diarioconstitucional.cl/

Por unanimidad. Consejo para la Transparencia acogió amparo y ordenó a Hospital Dr. Sótero del Río remitir ficha clínica.

La requirente solicitó la ficha clínica de su cónyuge.

18 de junio de 2020

El Consejo para la Transparencia acogió el amparo deducido por particular en contra del Hospital Dr. Sótero del Río ordenando la entrega de la información solicitada.
El requirente solicitó a la institución la copia íntegra de la ficha clínica de su cónyuge, por lo que solicitó que se le expusiera en que fecha había solicitado la ficha y su posterior recepción, además de la fecha en que esta se habría entregado a la Fiscalía Local de Puente Alto. El Hospital reclamado respondió a dicho requerimiento de información indicando que desde la Unidad Jurídica se informó que no se cuenta con registro de fecha de solicitud de ficha Clínica de persona consultada, solicitada por la requirente. No obstante, si existía registro de ficha clínica de paciente consultado que fue solicitada desde la Unidad Jurídica a Archivo,
Con fecha 22 de octubre de 2019, la requirente dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que la respuesta es incompleta. La requirente manifiesta que no se indicó la fecha en la cual se solicitó la ficha clínica, a pesar de que hay registros sobre el requerimiento que hizo la Unidad Jurídica a Archivo. Asimismo, indicó que la reclamada no señaló la fecha en la cual se envió el Oficio que indica a la Fiscalía Local de Puente Alto.
El Consejo acogió el amparo por unanimidad, ordenando la entrega de la información requerida, referida a la entrega de la ficha clínica y la fecha en que se entregó a Fiscalía, sólo en la medida que ésta obre en algún soporte documental y de no encontrarse en su poder, deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y al Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen.

Vea textos íntegro de la decisión del Consejo para la Transparencia Rol C-7287-19.

Fuente: https://www.diarioconstitucional.cl/

Moción. Sala de la Cámara de Diputados despachó proyecto que permite tratamiento de datos sensibles.

La norma establece que en un estado de excepción se podrá dar tratamiento de datos sensibles a aquellas informaciones relativas al diagnóstico de la enfermedad que dio origen a la pandemia o epidemia, por razones de salud pública.

16 de junio de 2020

Por la unanimidad de 146 votos, la Sala de la Cámara despachó a segundo trámite al Senado el proyecto que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud, para permitir el tratamiento de datos sensibles a las informaciones relativas al diagnóstico de la enfermedad que dio origen a una pandemia o epidemia.
La idea matriz de la moción es autorizar de manera expresa el traspaso de la información entre autoridades que deban conocer cuál es la población afectada con la finalidad de tomar las medidas necesarias para impedir o acotar el contagio.
De acuerdo a lo señalado en el segundo informe de la Comisión de Salud, expuesto a la Sala por el diputado Torres, la instancia rechazó las dos indicaciones presentadas, pues consideró que las materias a las que hacía referencia ya estaban establecidas en el proyecto y tenían relación con señalar claramente qué organizaciones tendrían acceso a la información.

Sobre el proyecto

La norma establece que con ocasión de una epidemia o pandemia y en caso de decretarse un estado de excepción constitucional de catástrofe se podrá dar tratamiento de datos sensibles a la información acerca del diagnóstico de la enfermedad que dio origen a la pandemia o epidemia, por razones de salud pública y por el tiempo que dure dicho estado.
La autorización para transmitir dicha información solo podrá otorgarse al Ministerio de Salud, a los Servicios de Salud, a los Servicios de Atención Primaria, a las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud y a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.
Dicha información tendrá por exclusiva finalidad el cumplimento de las medidas de control sanitario que se hayan establecido, tales como cuarentenas, cordones y aduanas sanitarias, entre otras.
La norma establece que el tratamiento de los datos sensibles deberá cumplir con todas las medidas y obligaciones dispuestas en la Ley de Protección de la Vida Privada. Estos datos deberán ser eliminados o cancelados por los organismos participantes, una vez concluido el estado de excepción.
Las instituciones que manejen estos antecedentes deberán garantizar el cumplimiento de los principios de licitud en su tratamiento, así como de proporcionalidad y minimización, que significa que solo podrán comunicarse aquellos datos sensibles estrictamente necesarios para conseguir los fines específicos indicados. El proyecto prohíbe explícitamente comunicar de forma pública la información de manera individualizada, nominativa o que pueda amenazar la vida privada del paciente.
La autoridad sanitaria, junto con anonimizar los datos obtenidos, deberá publicar el registro y georreferenciación de comunas, provincias, regiones u otra unidad territorial del país, cuya población padece de la referida pandemia o epidemia, siempre cautelando la confidencialidad de sus titulares y previniendo toda discriminación o estigmatización.
Los órganos y servicios públicos autorizados precedentemente no podrán transmitir o retransmitir a terceros, por ningún medio, la información que hayan obtenido, sean personas naturales o jurídicas, privadas o públicas, ni a cualquier otro órganos o servicio público que no haya sido autorizado en la ley. La infracción a estas normas será sancionada.

Vea texto íntegro de la moción, discusión y análisis boletin Nº13350

Fuente: https://www.diarioconstitucional.cl/

Por unanimidad. CS rechazó recurso de casación en el fondo contra sentencia que condenó a Clínica por negligencia por tratamiento de menor de edad.

La Corte Suprema señaló que, el hecho básico que sustentó la decisión de los sentenciadores, no puede ser modificado.

9 de junio de 2020

En fallo unánime, la Corte Suprema rechazó el recurso de casación en el fondo por manifiesta falta de fundamento deducido por la parte demandanda en juicio ordinario de indemnización de perjuicios en sede contractual en contra de la sentencia dictada por la Corte de Antofagasta, que confirmó la sentencia de primera instancia dictada por el 3° Juzgado de Letras de Antofagasta que condenó a la Clínica demandada por negligencia en el tratamiento de menor de 2 meses y medio de vida.

La parte recurrente sostuvo que en el fallo cuya nulidad de fondo persiguió se infringió lo dispuesto en los artículos 44, 1545, 1547, 1556, 1558, 2314 y 2329 del Código Civil en relación con los artículos 38 y 41 de la Ley N° 19.966. Denunció la contravención a tales preceptos pues aseguró que el nexo causal -requisito de la responsabilidad que se le imputó- no fue acreditado, destacando que el origen del neumotórax que afectó al hijo de la actora no resultó acreditado. Finalmente, afirmó que el traslado del paciente desde las dependencias de la clínica demandada hasta el Hospital Regional de Antofagasta fue inmediatamente después del aludido diagnóstico de neumotórax, lo que descartó la inactividad de los profesionales de la clínica que la actora denunció en su libelo.

La sentencia del 3° Juzgado de Letras de Antofagasta condenó a la demandada por el manejo negligente de su personal al no diagnosticar oportunamente el neumotórax izquierdo que padecía el menor ni brindarle atención eficaz durante su crisis respiratoria y la taquicardia que sufrió, a pagarle a la actora, por concepto de daño emergente, la suma de $1.924.109, y la cantidad de $5.000.000, por concepto de daño moral.

Por su parte la sentencia de la Corte de Antofagasta rechazó, con costas, el recurso de casación en la forma deducido por la parte demandada que centró su alegato en que la atención del menor se ajustó a la lex artis basándose, en buena parte, en el atestado del kinesiólogo que atendió al menor el día de los hechos. Dichos que a juicio de la Corte carecen de todo poder de convicción. Por tratarse del dependiente de la demandada a quien se le atribuyó, probadamente, que abandonó al menor, dejándolo solo con su madre, sin atención, cuando este experimentaba una crisis respiratoria. Luego, en juego su idoneidad profesional, careció de la mínima imparcialidad para desvirtuar el peso de la prueba en contrario, sin perjuicio de los hechos que derechamente se aceptan, como que interrumpió la terapia y se fue del lugar y no consignó en la ficha clínica antecedentes relevantes. Razones por las que se rechazó, con costas, el recurso de casación en la forma deducido por la parte demandada y confirmó, con costas la sentencia de primera instancia.

En su sentencia el máximo Tribunal señaló que, la sentencia recurrida, advirtió que lo que se atribuyó a la demandada es que ninguno de sus profesionales diagnosticó y, menos aún, brindó al hijo de la actora la atención médica profesional que el caso requirió, sino que debió ser atendido, en definitiva, por una médico externa para superar la grave crisis que le afectó. Luego, se remitió al fallo de primera instancia que, señala que se encontró acreditado en autos que la Clínica Antofagasta trató inoportuna y negligentemente la crisis respiratoria del menor. Dicha actuación, según se indicó, generó el daño moral cuya indemnización se pidió y que consistió precisamente en la angustia que padeció la actora al ver a su hijo – de dos meses de edad- sufrir ante una crisis respiratoria atendida con total negligencia. Finalmente, el fallo contra el que se recurrió, advirtió que la demandada pretendió desvirtuar las determinaciones fácticas de la sentencia de primer grado sobre la base de haberse rendido la declaración de testigos no presenciales, lo que careció de asidero según los sentenciadores, ya que basta con leer su relato para advertir que ellos sí presenciaron los hechos y porque el proceso de valoración probatoria propiamente tal no fue cuestionado.

El fallo indicó que, del tenor de lo expuesto se desprendió que en la sentencia impugnada se estableció que el personal médico de la clínica demandada actuó con negligencia al no diagnosticar oportunamente el padecimiento del niño ni brindarle atención eficaz durante su crisis respiratoria. Éste es el hecho básico que sustentó la decisión de los sentenciadores, el que no puede ser modificado por este tribunal, al no haber sido atacado denunciando infracción a leyes reguladoras de la prueba que, de ser efectiva, permita su alteración. Las normas mencionadas por los recurrentes no revisten ese carácter y, en efecto, con base en dichas normas los jueces han establecido que la demandada incumplió el contrato, generando el daño sufrido por la actora y que se ordenó indemnizar.

Por lo anterior, la Corte Suprema rechazó el recurso de casación en el fondo por manifiesta falta de fundamento interpuesto por la parte demandada en procedimiento ordinario en contra de la sentencia dictada por la Corte de Antofagasta.

Vea textos íntegros de las sentencias de la Corte Suprema Rol N° 36.613-2019 y de la Corte de Antofagasta Rol N° 476-2019 y del 3° Juzgado de Letras de Antofagasta Rol N° C-1382-2015.

Fuente: https://www.diarioconstitucional.cl/

Chile: “Urgen soluciones a nivel público-privado que pongan verdaderamente en el centro a los pacientes”.

08 de Junio de 2020.-

“Farmacia digital y nuevas modalidades de dispensación a pacientes” fue el tema central de la última versión del ciclo de conversatorios “Desafíos para el Acceso y Derecho a la Salud y Medicamentos en tiempos de Crisis/ COVID-19” “organizado por la Universidad Central y los Productores Locales de Medicamentos (PROLMED).

Este miércoles tuvo lugar el cuarto webinar del ciclo donde destacados invitados relacionados al sector farmacéutico se refirieron a los caminos que el país debe tomar en materia de farmacia digital y receta médica electrónica para transformar a ambas en una real solución para los pacientes, sobre todo en el contexto actual de COVID-19 que limita el desplazamiento de las personas.

Ana Victoria Nieto, presidenta del Colegio Químico Farmacéutico señaló que para mejorar la dispensación de medicamentos a los pacientes es necesario abordar un proyecto de ficha clínica electrónica nacional e interoperable, y establecer una receta electrónica única en esta plataforma, hecho que permitiría que los pacientes puedan adquirir tratamiento en cualquier farmacia, y a su vez, que los profesionales de las farmacias puedan conocer el historial clínico del paciente y realizar un seguimiento. Por otro lado, Nieto sentenció que para avanzar “es necesaria fundamentalmente la voluntad política para llegar a estos acuerdos, llevamos más de 10 años discutiendo estos temas en los gobiernos que han estado”.

Desde Farmacias Ahumada, el gerente de Asuntos Regulatorios, Patricio Huenchuñir complementó la opinión de Ana Victoria Nieto sobre la necesidad de un historial clínico nacional, agregando que el paciente es quien deba ser el portador y propietario de su ficha y no los prestadores. Sin embargo, recalcó que hoy las farmacias no están preparadas actualmente para operar con la receta médica electrónica, ya que no existe un método adecuado para reconocer dichas recetas a nivel de las farmacias. “Para una farmacia es muy difícil tener un convenio con muchas empresas distintas para validar distintas formas de recetas electrónicas, por lo tanto, pareciera ser más conveniente tener un solo sistema, que sea validado por la autoridad sanitaria”, aseguróPor su parte, Javier Vega, socio fundador de Fracción, emprendimiento que busca mejorar el acceso a los medicamentos para la población, destacó que el despacho de medicamentos debe regularse desde el Estado y que el “cliente” tenga la seguridad de que se hace de forma correcta. A su vez, advirtió sobre el nuevo desafío para lo químicos farmacéuticos respecto a la dispensación digital, ya que“deben ser capaces de ponerse a la altura de entregar una atención en la que el cliente pueda resolver dudas y generarle seguridad y tranquilidad al paciente”.

Jean-Jacques Duhart, vicepresidente ejecutivo de PROLMED y moderador del panel, comentó sobre este tema que “nos hemos podido dar cuenta que el desafío está en establecer un efectivo dialogo y colaboración público-privada para avanzar en estos temas, y para lo cual es clave que exista una real voluntad política de las autoridades de convocar y liderarlo, ya que desde el punto de vista de las herramientas y tecnologías esto ya esta resuelto, como lo muestran varias experiencias internacionales,. Solo así podrán desarrollarse soluciones reales que incorporen estas nuevas tecnologías digitales, para lograr mejorar el acceso a una salud de calidad y que pongan verdaderamente en el centro a los pacientes”.

Esta opinión fue compartida transversalmente por los invitados.

Decreto 58

Los invitados también se refirieron al decreto 58 que modifica el Reglamento de farmacias, droguerías, almacenes farmacéuticos, botiquines y depósitos autorizados, en materia de comercio electrónico de medicamentos. Ana Victoria Nieto señaló que tiene muchos vacíos y lamentó que este decreto no haya sido sometido a consulta pública o solicitado la opinión del Colegio de Químicos Farmacéuticos.

Fuente: https://www.america-retail.com/

¿Qué está pasando con las cifras del coronavirus?

ADAYA GONZÁLEZ 05.06.2020 | 01:52

Desde hace días, las cifras diarias del coronavirus están creando desconcierto por el contraste entre las que da Sanidad y las que facilitan las CCAA. ¿A qué se deben estas discrepancias? ¿Qué recorrido hacen esos datos?

El 11 de mayo entró en vigor la nueva estrategia de diagnóstico, vigilancia y control en la fase de transición de la pandemia, con la que ha cambiado el sistema con el que Sanidad recopilaba y trasladaba los datos de las distintas comunidades para adaptarlo a la evolución epidemiológica.

Hasta ayer, el número de fallecidos asciende a 27.128, según Sanidad. Una serie histórica que será actualizada en unos días, cuando las CCAA concluyan la validación de los datos de la peor parte de la pandemia.

Las discordancias se dan en las cifras de defunciones y también en hospitalizaciones e ingresos UCI. Pero las de muertos son, para el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, las que más «duelen».

Son los fallecidos por coronavirus con un diagnóstico positivo confirmado. Dos cifras han disparado las alarmas. La información del Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria a partir de los datos de registros civiles, que indica que entre el 17 de marzo y el 25 de mayo se han producido 43.000 muertes más de las esperadas estadísticamente para esta época del año, un incremento de un 42%.

Y el INE, según el cual las defunciones estimadas en España durante las 21 primeras semanas de 2020 (hasta el ascienden a 225.930, un 24,1% (43.945) más respecto a 2019.

Simón ha explicado una y otra vez que la cifra no es definitiva, que hay que esperar a la validación de las comunidades y ya habrá tiempo para limpiar y definir la serie histórica.

A Sanidad le preocupa ahora la evolución de la pandemia y el control de nuevos brotes y son esos datos –nuevos contagios y su vigilancia– los que centran la atención de los técnicos.

El nuevo sistema se estrenó dos semanas después para dar tiempo a las autonomías a rebajar la presión asistencial. Así, desde el 25 de mayo, el Ministerio informa de los casos diagnosticados el día previo y en los últimos 7 y 14 días, los confirmados con inicio de síntomas una y dos semanas antes, y las hospitalizaciones, UCI y defunciones en 7 días.

Pero el estreno coincidió con la «desaparición» de casi 2.000 muertos del cómputo global, algo que Simón achacó a que se habían eliminado casos duplicados o que no cumplían con la definición de caso. Desde entonces, no han hecho más que sucederse las discrepancias.

¿Cómo es posible que durante una semana el Ministerio no cambiara el global de fallecidos de Madrid cuando la Comunidad informó de 12 muertos en un día? ¿O que durante dos días Sanidad mantuviera la misma cifra de decesos totales cuando Castilla y León le había trasladado dos nuevos?

Las series van a permanecer congeladas y solo se modificarán cuando se produzca un fallecimiento el día anterior; y así va a ser hasta que todas las CCAA actualicen sus series, en «cuestión de días», según Simón.

Sanidad aclara que son las comunidades las que introducen los datos a través de la herramienta SiViEs que gestiona el Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III; y son esos los que usa el CCAES para mostrar la evolución. Con lo que puede ocurrir que si una comunidad notifica un nuevo número de muertes pero no asigna ninguna al día previo, no constará en el balance diario.

CAMBIAN LOS TIEMPOS El mecanismo de registro de defunciones ha sido parecido a lo largo de toda la epidemia, pero con el nuevo sistema «han cambiado mucho los tiempos que se tarda en realizar el proceso», admite Simón. Cuando una persona identificada como caso es hospitalizada «hay que volver a su historia clínica, a su ficha de notificación, e incluir la fecha. Es un acto que se tiene que hacer en cada servicio de salud pública de las comunidades».

Y si posteriormente es ingresada en UCI, «hay que volver a su ficha y anotar la fecha del ingreso». En algunos lugares el proceso está automatizado, pero si no se introduce no constará en la estadística. Si fallece, hay que volver a la ficha del paciente, en la base de datos del hospital, de primaria o de salud pública, o en la historia clínica, y anotar la fecha.

Son los casos previos al 11 de mayo los que pueden implicar más retrasos, ya que es cuando las comunidades estaban más sobrecargadas. Puede suceder además que algunas tengan problemas para actualizar las fichas anteriores al nuevo sistema de vigilancia y den fallecidos sin fecha de defunción. «Lo harán, se sabrá. Los fallecidos se van a conocer todos, pero en algunos momentos podemos tener un retraso», justificó.

POLÉMICA CON LOS NÚMEROS

LA OMS SUMA Y RESTA 2.700 MUERTOS

Atribuía 30.000 fallecidos a España. La Organización Mundial de la Salud (OMS), que durante varios días reportó unas 2.700 muertes más por coronavirus en España que las informadas por el Ministerio de Sanidad, corrigió ayer sus cifras para equipararlas con las nacionales. «Hemos corregido los datos en nuestros sistemas para realinear los cálculos de casos y muertes con los de España, y emitiremos una fe de erratas en el informe de situación», declaró el portavoz de la OMS, Tarik Jasarevic. Otra fuente habitual de estadísticas sobre covid-19, la Universidad Johns Hopkins estadounidense, ofrece datos muy similares a los del Gobierno español.

Fuente: https://www.noticiasdenavarra.com/

Discrepancias entre las cifras de coronavirus de Sanidad y las ofrecidas por las Comunidades

Redacción  España 

Desde hace unos días, las cifras diarias de la epidemia de coronavirus están levantando un gran desconcierto por el contraste existente entre las que da el Ministerio de Sanidad y las que facilitan por su parte las comunidades autónomas. ¿A qué se deben estas discrepancias? ¿Qué recorrido hacen esos datos?

El pasado 11 de mayo entró en vigor la nueva estrategia de diagnóstico, vigilancia y control en la fase de transición de la pandemia de COVID-19, con la que ha cambiado el sistema con el que Sanidad venía recopilando y trasladando los datos de las distintas comunidades para adaptarlo a la evolución epidemiológica.
LAS CIFRAS DE LA DISCUSIÓN

Hasta hoy, el número de fallecidos asciende a 27.128, según el cálculo del Ministerio de Sanidad. Una serie histórica que será actualizada dentro de unos días, cuando las autonomías concluyan la validación de los datos de la peor parte de la pandemia.

Las discordancias no se dan solo en el número de defunciones, sino que se extienden al de hospitalizaciones e ingresos en ucis. Pero las cifras de muertos son, como dice el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, las que más «duelen».

Son los fallecidos por coronavirus con un diagnóstico positivo confirmado. Dos cifras han disparado también las alarmas. La información que aporta el Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo) a partir de los datos de registros civiles, que indica que, entre el 17 de marzo y el 25 de mayo, se han producido 43.000 muertes más de las esperadas estadísticamente para esta época del año, lo que supone un incremento de un 42 por ciento.

Y el Instituto Nacional de Estadística (INE), según el cual las defunciones estimadas en España durante las 21 primeras semanas de 2020 (hasta el 24 de mayo) ascienden a 225.930, un 24,1 % (43.945) más respecto al mismo periodo de 2019.

Simón ha explicado una y otra vez que la cifra no es ni de lejos definitiva, que hay que esperar a la validación de las comunidades y que ya habrá tiempo -cuando se estudien los certificados de defunción con la causa de la muerte- para limpiar y definir la serie histórica.

A Sanidad le preocupa ahora, por encima de todo, la evolución de la pandemia y el control rápido y efectivo de los brotes que se produzcan y son esos datos -los nuevos contagios y su vigilancia- los que centran la atención de los técnicos de salud pública.

LA ESTRATEGIA DE DIAGNÓSTICO, VIGILANCIA Y CONTROL

El nuevo sistema se estrenó dos semanas después para dar tiempo a las autonomías a aclimatarse a los nuevos indicadores exigidos con el objetivo de obtener una información individualizada de cada caso, ahora que pueden verificar y validar mejor los datos al haber rebajado la presión asistencial.

Así, desde el lunes 25 de mayo, el Ministerio informa como novedad de los casos diagnosticados el día previo y en los últimos 7 y 14 días, los confirmados con inicio de síntomas una semana y dos semanas antes, así como las hospitalizaciones, ucis y defunciones en 7 días; las comunidades deben reportar esta información, entre otras, antes de las 12:00 horas.

Pero el estreno coincidió con la «desaparición» de casi 2.000 muertos del cómputo global, algo que Fernando Simón achacó a que se habían eliminado casos que estaban duplicados o que no cumplían con la definición de caso, entre otros criterios. Desde entonces, no han hecho más que sucederse las discrepancias.

¿Cómo es posible, por ejemplo, que durante más de una semana el Ministerio no haya cambiado el global de fallecidos de la Comunidad de Madrid cuando ella misma informó de 12 muertos de un día para otro? ¿O que durante dos estadísticas seguidas Sanidad mantuviera la misma cifra de decesos totales cuando Castilla y León le había trasladado dos nuevos que no se incluyeron?

Tal y como ha precisado varias veces el responsable del CCAES, las series van a permanecer congeladas y solo van a modificarse cuando se produzca un fallecimiento el día anterior; y así va a ser hasta que todas las comunidades consigan actualizar sus series, algo que confía que sea «cuestión de días».

CÓMO SE CONSIGNAN LOS DATOS

El Ministerio de Sanidad aclara que son las comunidades las que introducen los datos, individualizados, a través de la herramienta de vigilancia SiViEs que gestiona el Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III; y son esos los que usa el CCAES para mostrar la evolución a través de las actualizaciones diarias.

Con lo que puede ocurrir que si una comunidad notifica un nuevo número de muertes pero no asigna ninguna al día previo, no constará en el balance diario de Sanidad.

El mecanismo de registro de las defunciones ha sido parecido a lo largo de toda la epidemia, pero con el nuevo sistema «han cambiado mucho los tiempos que se tarda en realizar el proceso», ha admitido Simón.

Ayer lo explicaba así: cuando una persona identificada como caso es hospitalizada «hay que volver de nuevo a su historia clínica, a su ficha de notificación, e incluir la fecha. Es un acto que se tiene que hacer en cada uno de los servicios de salud pública de las comunidades».

Y si posteriormente es ingresada en una UCI, «de nuevo hay que volver a su ficha y anotar la fecha en la que se realiza el ingreso». En algunos lugares este proceso está prácticamente automatizado, pero la fecha hay que introducirla «de todas maneras, ya sea buscando la ficha, ya sea combinando bases de datos». Si no se hace, no va a constar en la estadística.

De producirse el fallecimiento, hay que volver a acudir a la ficha del paciente, bien sea en la base de datos del hospital, de primaria o de salud pública, según esté establecido en cada una de las comunidades, o simplemente en la historia clínica, y anotar la fecha del deceso.

Son los casos previos al 11 de mayo los que pueden implicar más retrasos, ya que lo que hay que actualizar son los datos anteriores a ese día, que es cuando las comunidades estaban más sobrecargadas.

Puede suceder además que algunas tengan problemas para actualizar esas fichas anteriores al nuevo sistema de vigilancia y den una cifra de fallecidos sin la fecha de defunción. «Lo harán, se sabrá. Los fallecidos se van a conocer todos, pero en algunos momentos podemos tener un pequeño retraso», justificó.

LOS OBSTÁCULOS EN LAS VALIDACIONES

Hay otros obstáculos que pueden entorpecer la recopilación diaria de los datos; desde la Consejería de Sanidad canaria cuentan  que la plataforma utilizada también incluye otras enfermedades de declaración obligatoria, lo que a su juicio puede suponer un problema porque estas patologías, que ya se notificaban antes, suelen tener un número relativamente bajo de casos, pero con la irrupción de la covid se manejan decenas de miles.

Algunos retrasos en el volcado de la información podrían derivarse también del gran volumen de datos y el detalle con el que tienen que proporcionarlos ahora, aunque Canarias insiste en que lo hace a tiempo real.

Y a ello se une que el método actual está basado en el número de la tarjeta sanitaria, y no todas las comunidades tienen desarrollado el sistema de la misma manera.

Los fallecidos, ilustran en la Comunidad Valenciana, se identifican a través de la información que consta en la encuesta epidemiológica. Para cada persona se rellena un formulario, que entre sus variables incluye el deceso y la fecha del mismo. Las variables solicitadas por el Ministerio se envían diariamente, junto con una actualización de datos atrasados.

Su notificación puede producirse de varias formas: con información de los centros hospitalarios públicos, la de los privados -que comunican directamente los casos de personas fallecidas, pero no siempre en el día mismo del deceso-; y la elaboración y seguimiento de las encuestas epidemiológicas, una vía con la que sucede a veces que se notifican casos de personas fallecidas que murieron días atrás.

En el sistema utilizado allí, la aplicación AVE (Análisis de la Vigilancia Epidemiológica), todas las encuestas están identificadas con nombre y apellidos, número SIP (el número de tarjeta sanitaria), el de historia clínica (si procede), fecha de nacimiento y domicilio.

Pero estos datos no son los que se comunican diariamente, sino que este sistema utiliza un código de encuesta unívoco (que pertenece a una sola persona), que es el que se traslada.

Ante esta situación, Castilla y León, que siempre ha mostrado sus reticencias sobre la manera de contabilizar, cree que debería ser el Registro Civil la referencia a la hora de calcular las muertes, de ahí que haya pedido que esta institución pública agilice sus trabajos.

Fuente: https://gaceta.es/