Viudo presentó querella contra hospital de Talcahuano por muerte de su esposa embarazada

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Autor: Cooperativa.cl

Pablo Alvear, esposa de Gabriela Leiva, interpuso la acción legal por cuasidelito de homicidio.

Las diligencias apuntan a establecer la causa de muerte del bebé para sumar una nueva figura.

Una querella por cuasidelito de homicidio presentó Pablo Alvear, viudo de Gabriela Leiva quien con ocho meses de embarazo falleció el pasado 3 de mayo, un día después del deceso del bebé.

La querella de Alvear es contra quienes resulten responsables de ambas muertes en el Hospital Higueras de Talcahuano, en la Región del Biobío.

La mujer, de 35 semanas de gestación, acudió al recinto médico el 1 de mayo donde fue hospitalizada debido a complejidades en su embarazo. El 2 de mayo dio a luz al bebé que murió por asfixiaAl día siguiente la madre también falleció.

Andrés Durán, abogado querellante, explicó que «Gabriela entra al Hospital Higueras por problemas en su embarazo, molestias en la parte baja y con la guagua viva, y la demora, al parecer, por parte del personal trajo como consecuencia que el bebé naciera muerto, probablemente asfixiado».

«No obstante esto, también, Gabriela fallece el día domingo prácticamente desangrada, lo anterior amerita a lo menos una investigación por parte del Ministerio Público, donde se puedan determinar las responsabilidades por un posible cuasidelito de homicidio», añadió.

La acción legal es en representación del esposo e hijo y pide diligencias de acceso a la ficha clínica de la fallecida, los resultados de la autopsia del bebé, ya que al ser nonato no se puede aplicar una figura legal, y también acceder al sumario administrativo decretado por el recinto asistencial.

Fuente: https://www.cooperativa.cl/

79 postas integradas vía telefónica a Hospital Digital Rural

12 MAYO 2020

En la región existen un total de 79 postas rurales, mientras que a nivel país la cifra llega a 1.170, donde a pesar de la lejanía comparten realidades comunes como largas distancias de viaje, conectividad vial deficiente, escasa señal de telefonía y de internet.

Las postas de salud rurales de la región de O’Higgins y del país se han unido al trabajo en el marco nacional de la pandemia por COVID-19, incorporando un nuevo canal de comunicación, que permite a los funcionarios de estos establecimientos contactarse con los médicos de Salud Digital Rural a través de una llamada telefónica.

Debido a la ubicación geográfica de las postas de salud rural y los problemas de conectividad que algunos de estos dispositivos presentan, el Departamento de Salud Digital de Minsal ha incorporado este nuevo canal de comunicación, que viene a complementar la videollamada actualmente en uso, ofreciendo así una alternativa de comunicación en estos momentos de emergencia sanitaria.

«Para acceder a este servicio -explica María Antonieta Matas, Referente de Hospital Digital del Servicio de Salud O’Higgins- el técnico paramédico realiza llamada telefónica y se pone en contacto con el médico de HDR a través de la línea telefónica, le presenta al médico el paciente, sus signos vitales y síntomas. El medico realiza un diagnostico sindromático y entrega las indicaciones correspondientes al funcionario».

Agrega la profesional que finalizada la atención solicitará al técnico paramédico una dirección de correo electrónico de preferencia institucional, para remitir los documentos correspondientes a la atención (indicaciones emitidas por el médico, receta médica si corresponde), para su incorporación en la ficha clínica del paciente.

FORTALECIENDO A LAS POSTAS RURALES

En la región de O’Higgins existen un total de 79 postas rurales, mientras que a nivel país la cifra llega a 1.170, donde a pesar de la lejanía comparten realidades comunes como largas distancias de viaje, conectividad vial deficiente, nula señal de telefonía, y para que hablar de internet.

Desde el año 2019 se viene trabajando en la implementación de este programa Hospital Digital Rural, que impulsa el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera a través del Ministerio de Salud, el cual revolucionará la atención de pacientes, llevando de manera no presencial médicos generales y especialistas 24/7 a todos los rincones de Chile, entre otros variados servicios.

Respecto a ello, María Antonieta Matas precisó que la Estrategia de Hospital Digital Rural, permite ampliar la oferta de horas médicas en las Postas de Salud Rural y que son los funcionarios técnicos paramédicos de estos establecimientos quienes tienen un rol relevante en su ejecución, pues con su trabajo permiten que se genere la comunicación entre médico-paciente.-

Fuente: https://www.diarioviregion.cl/

Presidente del CPLT califica de «extrema gravedad» e «irresponsable» publicación de mapas con datos de eventuales contagiados por Covid-19 en medio digital.

Transgrede la ley sobre protección a la vida privada.

Abogado aclaró que las acciones que el medio de comunicación electrónico implementó para anonimizar la información difundida no sería efectiva, incurriendo en un tratamiento de información personal sin autorización del titular de los datos y que además «sería inexacto y equívoco» pudiendo inducir a error en la identificación de eventuales contagiados.

12 de mayo de 2020

Como un hecho “de extrema gravedad” calificó el titular del Consejo para la Transparencia (CPLT), Jorge Jaraquemada, la publicación de mapas con información sobre eventuales contagiados por Coronavirus en un medio de comunicación digital. Esto –explicó- vulneraría el derecho a un adecuado resguardo de datos personales y sensibles, como es el estado de salud, de pacientes afectados por la pandemia.
Asimismo, aludió a situaciones conocidas a través de los medios en que se ha discriminado a personas cuyo entorno los considera de riesgo. “Casos en que se ha maltratado, discriminado e incluso acosado a ciertas personas porque sus vecinos creyeron que eran posibles fuentes de contagio de Coronavirus”, recordó Jaraquemada. “Por ello –agregó- nos parece irresponsable que se entreguen datos que permiten identificar equivocadamente a determinadas personas como contagiadas, en circunstancias que eventualmente no lo son, lo que puede terminar en situaciones de discriminación, incluso de violencia”.
Tras analizar el caso, el presidente del Consejo estableció que se estaría ante un “tratamiento no autorizado de datos sensibles, al publicar la información relativa a personas eventualmente contagiadas por Covid-19, sin que exista consentimiento de los titulares, tampoco autorización legal para su tratamiento”.
El titular de transparencia explica que el estado de salud corresponde a la categoría persona de dato sensible, por lo que amerita “especial protección» y recordó que la semana pasada la entidad que lidera propuso al Gobierno la posibilidad de anonimizar los datos de manera de que fuera imposible identificar a los titulares de dichos datos y así poder compartirlos con los especialistas para fines de modelización del comportamiento de la pandemia.
“Ante el debate que se generó entre las autoridades y los expertos, algunos de ellos de la mesa de datos, nosotros sugerimos profundizar el anonimato de los datos que se entregaban, para impedir que a partir de cierta información se identifique a las personas”, subrayó.
Asimismo, desde el CPLT detallaron que las acciones que implementó el medio no corresponderían a un anonimato efectivo. “Se ha dicho que los mapas publicados no contendrían direcciones exactas sino que se habrían movido aleatoriamente. Esto no constituye una efectiva anonimización de la información representada puesto que el radio en el cual se indica la presencia de personas enfermas sigue siendo acotado y permitiría identificar eventualmente los domicilios”.
A esto se suma la posibilidad de que los mapas publicados –que no contendrían estrictamente datos personales- sí representan información que hace identificable ciertos datos, por ejemplo, el domicilio asociado a eventuales personas contagiadas. Asimismo, esta información puede cruzarse con otros datos que se encuentran en fuentes accesibles al público, lo que permitiría obtener, en definitiva, la identidad de los contagiados”, afirmó el presidente del CPLT.
A juicio de Jaraquemada, la medida que tomó el medio podría derivar en un escenario más complejo al  inducir a una identificación errónea de personas asociadas a domicilios que no corresponden con casos positivos de Covid-19. “El tratamiento que se hizo de estos datos no sólo no fue autorizado por los titulares sino que además sería inexacto y equívoco, lo que podría inducir a error en la identificación de eventuales contagiados” espetó el presidente del Consejo.
Respecto de la filtración, el titular de Transparencia sostuvo: “Estamos hablando del acceso a datos reservados, por lo que el Ministerio deberá revisar las medidas de seguridad y como Consejo hemos realizado recomendaciones para introducir mejoras en este sentido a los organismos públicos”.
Finalmente, Jaraquemada apuntó a la necesidad de perfeccionar la normativa vigente, la que no resulta idónea para prevenir la ocurrencia de este tipo de situaciones. Acorde al texto del proyecto de ley que se tramita actualmente en el Parlamento que perfecciona la normativa sobre protección de datos personales, sería el Consejo para la Transparencia la entidad encargada de garantizar el adecuado resguardo de información personal sensible, pudiendo determinar por ejemplo eventuales infracciones y adoptar las medidas que correspondan contra los responsables de un tratamiento inadecuado.

Fuente: https://www.diarioconstitucional.cl/

 

Justicia condena a Clínica Las Condes y a dos médicos a pagar indemnización por fallecimiento de Romina Rojas en 2017

La sentencia estableció la responsabilidad de los demandados debido a “un conjunto de negligencias” que provocaron la muerte de la joven madre, luego de dar a luz en 2017.

11 de Mayo de 2020.-

Madrid identificará los contactos de los contagiados con equipos de «rastreadores»

Los grupos, que realizarán un seguimiento diario, estarán liderados por epidemiólogos

Efe / Madrid 13.05.2020 | 07:41

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid creará equipos de «rastreadores» liderados por epidemiólogos de Salud Pública para identificar contactos estrechos de contagiados con coronavirus y hacerles seguimiento diario.

De esta forma, la Comunidad de Madrid aspira a pasar a la fase 1 de la desescalada el próximo 18 de mayo, después de que el Ministerio de Sanidad rechazara una primera solicitud por la falta de mecanismos de detección precoz de la enfermedad, entre otros motivos.

La Comunidad de Madrid presentará la nueva documentación al Ministerio de Sanidad este miércoles pero el Gobierno no comunicará su decisión hasta el viernes por la tarde.

En un documento de la Consejería de Sanidad, al que ha tenido acceso Efe, la Comunidad sustenta la estrategia de vigilancia y control en la puesta en marcha de equipos multidisciplinarios de «rastreadores» liderados por epidemiólogos de Salud Pública.

Estos equipos estarán compuestos por epidemiólogos, personal de enfermería con formación epidemiológica y profesionales del centro de Atención Primaria, entre otros.

Su función consistirá en identificar los contactos estrechos de las personas contagiadas con coronavirus, a los que se recomendará aislamiento domiciliario durante los 14 días posteriores al último contacto con un caso.

En este tiempo, recibirán llamadas de control diario «para comprobar la ausencia de síntomas y el cumplimiento adecuado de la cuarentena».

Las llamadas se harán a través del centro de Atención Primaria, mediante el programa GoDATA de la Organización Mundial de la salud (OMS), siguiendo la ficha de encuesta establecida y según los protocolos de Salud Pública.

Mientras no esté disponible, se elaborará una ficha para los operadores.

Si los contactos tuvieran síntomas de coronavirus, pasarían a ser caso y se tendría que derivar al centro de salud y solicitar una prueba PCR al laboratorio de referencia.

Los casos confirmados pasarán a formar parte de la encuesta de notificación a nivel estatal y quedarán reflejados en la historia clínica de los hospitales y centros de salud.

La Consejería de Sanidad subraya en el documento la necesidad de «disponer de recursos humanos suficientes para la vigilancia epidemiológica, la identificación y contención precoz de fuentes de contagio y el diagnóstico y aislamiento de los casos».

Para ello, prevé reforzar los servicios de Salud Pública contratando a los 16 residentes de Medicina Preventiva y Salud Pública que finalizan el 28 de mayo su periodo de residencia.

Posteriormente se incorporarán, durante el tiempo que se precise, el 50 % de los residentes de Medicina Preventiva y Salud Pública de segundo y tercer que en la actualidad cursan la especialidad en los distintos hospitales de la Comunidad de Madrid.

Además, para la puesta en marcha de la encuesta a los contactos se incorporará a 66 trabajadores de personal de enfermería y para la puesta en marcha de las llamadas de control diario se contratarán a 40 operadores.

Estas contrataciones se suman a las 650 ya anunciadas en Atención Primaria.

Fuente: https://www.levante-emv.com/

Más que números: Las historias de los fallecidos por Covid-19

Una pandemia esperada por algunos, sorpresiva para otros y que ha detenido el funcionamiento del mundo como lo conocíamos. El coronavirus ha cobrado la vida de cerca de 300 mil personas alrededor del mundo. En Chile, ya son 323 personas de 14 regiones del país. En su memoria, recopilamos aquí sus datos e historias.

294.057 exámenes diagnósticos realizados. 30.063 contagiados. 323 personas fallecidas. Esa son algunas de las cifras mencionadas en el balance de hoy que el ministro de salud, Jaime Mañalich, realizó frente a la ciudadanía. Diariamente la autoridad entrega cifras, muchas cifras. Algunos debaten respecto a si estas son las suficientes o las correctas. Detrás de esos números hay una persona, enferma o muerta y familias, amigos, en cuarentena probablemente, preocupados o sufriendo el dolor de la pérdida de un ser querido.

La Ley de Derechos de los Pacientes indica que la información contenida en la ficha clínica de una persona es privada, aunque ciertos datos sí pueden conocerse, de manera anónima. En algunos casos, las historias han cobrado tal notoriedad pública que los nombres de esas personas han salido a la luz. Muchas veces sus propias familias han decidido contarlas.

En este especial hemos hecho un intento por recoger todo ese material. Mucho está disponible en internet, otro lo hemos reporteado directamente. Este trabajo nos ha permitido hacer varios descubrimientos.

El primero, que puede parecer evidente pero que nos parece importante recalcar, es el enorme miedo de las familias a hablar, por temor a ser estigmatizadas. Nadie está libre de la posibilidad de contraer esta enfermedad -de hecho- muchos de nosotros podemos ya tenerla, de manera asintomática y no saberlo. Invitamos a todos a tratarnos con empatía y respeto, teniendo especial consideración con aquellas personas que están viviendo en primera persona el Covid-19.

Lo segundo es, efectivamente, la falta de datos y el desfase de los mismos. Lo cierto es que la autoridad entrega diariamente una cifra de fallecidos, pero no sabemos con certeza la fecha en que esas personas han muerto. Hemos encontrado casos en que hay un desfase de hasta tres días en la publicación de la información, en los reportes nacionales.

Y tercero, con sorpresa hemos descubierto que muchos fallecidos, que la autoridad públicamente ha anunciado como víctimas del Covid-19, no constatan en su certificado de defunción ese diagnóstico. Nos preguntamos cómo en el futuro esto podría afectar el conteo final de víctimas de la pandemia.

Fuente: https://www.latercera.com/

Ex presidente del CPLT y filtración de mapa con contagiados: “Es una situación grave que se debe investigar”

Marcelo Drago afirmó que las autoridades del Estado deben velar por la protección de estos antecedentes personales, los que están separados de la información que exigen los científicos sobre la pandemia.

Por 12 de Mayo de 2020.-

Preocupación e indignación provocó la filtración de una serie de mapas elaborados desde el Ministerio de Salud que contienen datos georreferenciales de las personas contagiadas con coronavirus en algunos barrios del país.

Los datos, que aparecieron en un medio digital, generaron la preocupación del ministro Jaime Mañalich, quien anunció la presentación de una denuncia para saber desde donde se pudo filtrar la información, la que iba a ser utilizada para trabajar en conjunto con los alcaldes para determinar algunos focos de hacinamiento y contagio en las comunas.

La situación generó debate en las redes sociales, considerando que para las autoridades la publicación de mapas con antecedentes tan precisos sobre los pacientes pueden generar situaciones de discriminación y violencia, además de vulnerar una ley que resguarda la confidencialidad de estos diagnósticos.

Marcelo Drago, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez y ex presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), analizó con EL DÍNAMO la polémica, la que surgió justo cuando parte de la comunidad científica está exigiendo al Gobierno la entrega de mayores antecedentes sobre la expansión de la pandemia.

La filtración de los mapas del coronavirus

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Marcelo Drago, académico y ex presidente del CPLT. (Foto: Agencia Uno)

El abogado calificó la aparición del llamado “mapa del coronavirus” como una “situación grave que se debe investigar”, precisando que en esta materia existe la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes, la que considera puntos esenciales para la protección de los datos de los enfermos.

“La protección de datos es bien precaria, es más bien débil, pero hay un área que es bien robusta que es el área de la salud que es la Ley de Derechos y Deberes, donde se señala que los datos de la ficha clínica son datos sensibles, los que pueden ser compartidos solo si el paciente los permite, y a los que pueden acceder el Ministerio Público y las autoridades como el Minsal, que velan por la salud pública, nadie más”, expresó.

Drago afirmó que lo más complejo es que la información salió desde una entidad estatal, ya que una filtración de este alcance implica una vulneración de las normativas de resguardo de información que están vigentes.

“El deber de la autoridad resguardar los datos, desde el punto de vista de la seguridad de la investigación y de los propios pacientes”, afirmó.

Sobre la publicación de los casos de coronavirus, el abogado afirmó que si bien los mapas publicados “son generales” en la entrega de información, están compuestos de información verídica que debería permanecer bajo confidencialidad y en manos del Estado.

Datos anónimos en la pandemia

mapa coronavirus

La Ley de Derechos y Deberes del paciente establece la confidencialidad de los datos de las fichas clínicas. (Foto: Agencia Uno)

Tras analizar este caso puntual, Marcelo Drago habló sobre los conflictos que han surgido en medio de la pandemia y al debate por el manejo de los antecedentes de los pacientes. Según él, el manejo de las estadísticas bajo el anonimato es fundamental para la transparencia en la labor de las autoridades.

El actual consejero del CPLT expresó que en el último tiempo “se ha escuchado una multiplicidad de voces desde el mundo científico que pide más datos en la medida que son datos anónimos, que no se identifiquen”.

“El acceso a la información permite la rendición de cuentas, por eso se debe entregar. Es importante que se dé de la forma más desagregada posible, manteniendo el anonimato, porque la entrega de información estadística sirve en este contexto”, aseveró.

El académico también afirmó que “es una falacia que no se pueda entregar la información, porque lo principal es conservar lo estadístico de forma anónima”.

Por el rol del CPLT en estos casos, el consejero opinó que “en una situación inédita como ésta se produjo una colisión entre manejo de información, y eso hace más evidente que la autoridad que difiera del dato estadístico al personal, y ahí es importante la actuación de un organismo que vele por la protección de los datos personales y exija los datos al Estado cuando corresponda”.

Desde hace tres años, el Congreso está debatiendo un proyecto que actualiza las normativas sobre la protección de datos, que justamente entregaría atribuciones mayores al CPLT para proteger estos antecedentes y buscar sanciones ante las filtraciones.

Fuente: https://www.eldinamo.cl/

Información de salud relativa a los pacientes que hayan sido diagnosticados con COVID-19, forma parte de su ficha clínica. No es posible que las municipalidades o sus respectivos alcaldes realicen el tratamiento de datos sensibles, sin su consentimiento.

09 de Mayo de 2020.-

Letra g) del artículo 2º de la ley Nº 19.628.

Información de salud relativa a los pacientes que hayan sido diagnosticados con COVID-19, forma parte de su ficha clínica. No es posible que las municipalidades o sus respectivos alcaldes realicen el tratamiento de datos sensibles, sin su consentimiento.

Un dato sensible que solo puede ser objeto de tratamiento, esto es, puede ser extraído, disociado, comunicado, cedido, transferido, transmitido o utilizado en cualquier otra forma, cuando la ley lo autoriza expresamente.

El Ministerio de Salud solicitó a la Contraloría General un pronunciamiento que determine si resulta procedente la comunicación de datos sensibles de salud, relativos al diagnóstico de pacientes COVID-19, a las municipalidades.
En su dictamen, la CGR recuerda que el artículo 19, número 4º, de la Constitución, asegura a todas las personas el respeto y protección a la vida privada, a la honra de la persona y su familia, y la protección de sus datos personales; estableciendo que el tratamiento y protección de estos datos se efectuará en la forma y condiciones que determine la ley.
Por su parte, el artículo 12 de la ley Nº 20.584 -que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención de salud-, define la ficha clínica como el instrumento obligatorio en el que se registra el conjunto de antecedentes relativos a las diferentes áreas relacionadas con la salud de las personas, que tiene como finalidad la integración de la información necesaria en el proceso asistencial de cada paciente.
Añade dicho precepto que toda la información que surja, tanto de la ficha clínica como de los estudios y demás documentos donde se registren procedimientos y tratamientos a los que fueron sometidas las personas, será considerada como dato sensible, de conformidad con lo previsto en la letra g) del artículo 2º de la ley Nº 19.628.
Como es posible advertir, señala el dictamen de la Contraloría, la información de salud relativa a los pacientes que hayan sido diagnosticados con COVID-19, forma parte de la ficha clínica de cada uno de ellos y, en consecuencia, constituye un dato sensible que solo puede ser objeto de tratamiento -esto es, puede ser extraído, disociado, comunicado, cedido, transferido, transmitido o utilizado en cualquier otra forma-, en lo que interesa, cuando la ley lo autoriza expresamente (aplica criterio contenido en el dictamen Nº 52.957, de 2016).
En este orden de ideas, cumple con señalar que el artículo 13 de la referida ley Nº 20.584, establece que los terceros que no estén directamente relacionados con la atención de salud de la persona no tendrán acceso a la información contenida en la respectiva ficha clínica, lo que se extiende, incluso, al personal de salud y administrativo del mismo prestador que no esté vinculado a su atención.
Dicha disposición precisa que se podrá entregar la información contenida en la ficha clínica, copia de la misma o parte de ella, total o parcialmente, en la forma y condiciones específicas que señala y a solicitud expresa de las personas y organismos que taxativamente indica, esto es, al respectivo titular; su representante legal; sus herederos; los tribunales de justicia -en las causas a las que se alude-, y los fiscales del Ministerio Público y los abogados -previa autorización del juez competente en el caso que se enuncia-.
Luego, y considerando que ni la referida ley Nº 20.584 -que no admite otras excepciones que las descritas- ni otro texto legal vigente, autorizan expresamente a las municipalidades o sus respectivos alcaldes para realizar el tratamiento de datos sensibles, no resulta procedente la entrega a tales entidades o autoridades de información de salud relativa a los pacientes que hayan sido diagnosticados con el denominado COVID-19, sin su consentimiento. Cualquier medida en contrario requerirá de la aprobación de la correspondiente ley modificatoria que así lo permita.
Sin perjuicio de lo expresado, y atendida las facultades que en materia de protección de datos personales corresponde al Consejo para la Transparencia, de acuerdo con lo prescrito por las leyes Nºs 19.628 y 20.285, la Contraloría deriva la presentación en la parte pertinente, para los fines respectivos.

Fuente: https://www.diarioconstitucional.cl/

 

¿Se debe pagar más de $20.000 por una atención básica de telemedicina en época de pandemia?

06 de Mayo de 2020.-

La telemedicina es fundamental en momentos en que la distancia social se hace obligatoria. La pregunta es, ¿cuánto se debe pagar por esta atención?

Su significado es breve pero claro: prestación de servicios médicos a distancia. Para su implementación, se ejecutan tecnologías adaptadas para que la comunicación entre paciente y doctor sea la más eficiente posible. Se trata de la telemedicina, que hoy cobra un valor de vital importancia, que contribuye a salvar vidas, evitar contagios y mantener, sobre todo, la distancia social.

Sin embargo, existe un desconocimiento por parte de los usuarios, que ha sido aprovechado por centros médicos y clínicas, para cobrar un precio extra al valor que realmente puede tener una consulta de medicina general. Hoy, podemos encontrar consultas a precios particulares, de prestaciones que cuentan con bonificación Fonasa, la que no está siendo respetada. De esta forma, los usuarios se han encontrados con precios que logran superar los $ 30.000, por una atención a distancia.

“Si una persona hace una búsqueda en Internet sobre telemedicina, es muy fácil deducir que esta se intenta mostrar como un servicio de élite, lo cual es una contradicción, pues las tecnologías hacen que los procesos costosos sean eficientes a través de la digitalización, eso debería reflejarse en el valor al que se disponen las atenciones. Sin embargo, en vez de verse reducidos los precios, hemos visto con espanto, cómo hay un aprovechamiento de parte de algunos centros de salud, que están cobrando extra por un servicio que, además, cuenta con una bonificación Fonasa”, señala Matía Reveco, gerente de Control de Procesos de Maiposalud, centro de diagnóstico médico con casi 20 años de vida, que implementa tecnologías de vanguardia para optimizar sus áreas.

Reveco agrega que en la situación específica que vive el país, la mayoría de los servicios de telemedicina están siendo ejecutados en tiempo real, es decir, con interacción en vivo. Esto permite la comunicación en directo entre el paciente y el profesional de la salud, quien entregará la evaluación de acuerdo a su padecimiento, así como la solicitud de muestras biológicas para la confirmación de diagnósticos si fuera necesario.
De esta manera se busca que el paciente no se exponga acudiendo a los centros de salud por consultas que pueda realizar vía digital, y se contribuye a mantener el distanciamiento social que debe ser una máxima en época de contingencia sanitaria.

¿Cómo combatir los altos precios? Es la intención de los profesionales de Maiposalud, quienes quieren informar a la población que actualmente existen 46 prestaciones de telemedicina, que ahora cuentan con cobertura Fonasa y a los que pueden acceder y reclamar en los centros médicos. “Queremos que la gente no sea engañada, ni sea víctima de malas prácticas en momentos como este, en el que nos vemos enfrentados a una crisis sanitaria y económica sin precedentes. Sin embargo, al parecer, la pandemia está sacando lo peor de algunas personas”, enfatizó Matía Reveco.

Además, el profesional entrega algunas recomendaciones que se deben considerar para que una persona con previsión obtenga la bonificación de su financiador para todas las prestaciones autorizadas. Debe consultar si la institución cuenta con una resolución exenta del Sub departamento de Profesiones Médicas de la Secretaría Regional Ministerial de Salud correspondiente, que autoriza el funcionamiento del establecimiento de atención médica con Modalidad Libre Elección (MLE).

Así, es posible acceder a primeras consultas de medicina general por la suma de $ 3.880, medicina interna por $ 6.130 y psiquiatría por $ 12.580. Para segundas consultas: psicología $ 4.130 y urología $ 5.490, enfermedades respiratorias adulto $ 6.130. Estos valores referenciales, deben ser considerados por los usuarios dependiendo del tipo de convenio que tenga la institución con las entidades previsionales (Fonasa e Isapres).

Para tales efectos, la Ley 18.469, establece que “el valor de las prestaciones será el que fije el arancel aprobado por los ministerios de Salud y de Hacienda a proposición del Fondo Nacional de Salud”. De la misma forma, según establece dicha legislación, será este organismo el encargado de velar por el cumplimiento de las normas e instrucciones que dicte el Ministerio de Salud, sobre acceso, calidad y oportunidad de las prestaciones que se otorguen a los beneficiarios de dicha Ley.

Ante esto, Fonasa estará facultado, además, para descontar y requerir la devolución, cuando dichas prestaciones no cumplan con las normas de MLE.

AVANZANDO EN TECNOLOGÍA

Una de las falencias que están presentando muchos centros médicos, tiene relación con las plataformas digitales en general, para brindar atenciones de salud a distancia. Todo esto, sin contemplar el desarrollo de sistemas de verificación remota del beneficiario para emisión de bonos de teleconsulta, que ya han sido autorizados desde el 24 de marzo del presente año, por el Ministerio de Salud (Minsal), dada la alerta sanitaria por la Covid-19.

El Minsal solicita garantizar la privacidad del encuentro entre el médico y el paciente. Además, el prestador deberá resguardar la seguridad de la información, manteniendo el registro de la ficha clínica. (Ley 20.584 Derechos y Deberes del paciente)

El trabajo realizado por Almamedica, empresa que provee soluciones tecnológicas, permite crear una sucursal virtual, con un sistema de teleconsulta y conectar a los pacientes con los profesionales de manera online, disminuyendo la cadena de contagio en los centros médicos y apoyando la labor de prestadores individuales.

Gracias a esta tecnología, se han podido realizar las consultas con éxito, derivar a profesionales especialistas, extender licencias médicas, recetas y diagnósticos efectivos. Pero principalmente, entregar la oportunidad a que personas de escasos recursos, aquellos con movilidad reducida, y quienes requieran una atención sin salir de casa, accedan a esta con un precio justo.

Para más información sobre prestaciones médicas, teleconsultas, precios y la implementación que se necesita para este tipo de atención, se puede ingresar a www.maiposalud.cl

Fuente: https://www.infogate.cl/

Gobierno se querelló ayer en contra de portador de Covid-19 sorprendido afuera de céntrico banco

Por La Prensa Austral, martes 5 de mayo del 2020.-

La acción judicial está firmada por el intendente regional José Fernández

La primera querella criminal presentó el gobierno regional por delitos vinculados a incumplimientos de normas sanitarias preventivas del Covid-19.

La acción judicial ingresó ayer al Juzgado de Garantía de Punta Arenas, y si es acogida a trámite será reenviada a la Fiscalía para su investigación.

Los hechos tienen relación con el hombre, de 34 años, que fue detenido el pasado 17 de abril cuando hacía fila para ingresar al Banco de Crédito e Inversiones, siendo portador del coronavirus y que tenía que estar cumpliendo cuarentena en su domicilio.

A raíz de esto, el intendente José Fernández Dübrock se querelló en contra de esta persona (cuya identidad no se puede revelar por la Ley de Derechos y Deberes del Paciente), por el deber que tiene como autoridad de “velar por el mantenimiento del orden y la seguridad pública en la región”.

Fiscalizado y detenido

El escrito, presentado por el abogado Francisco Larraín, narra los hechos ocurridos el viernes 17 de abril, de acuerdo a lo que consigna el parte de la policía uniformada, “donde tras un control de turno, el querellado fue fiscalizado por carabineros de la Primera Comisaría de Punta Arenas en las afueras del Banco BCI, ubicado en Errázuriz con 21 de Mayo, quien estaba en el lugar pese a encontrarse en régimen de cuarentena a raíz de estar diagnosticado con la enfermedad Covid-19, circunstancia verificada por el personal policial mediante sistema informático Simccar, procediendo a su detención”.

El delito infringido que se invoca en la querella es el artículo 318 del Código Penal, que dice: “El que pusiere en peligro la salud pública por infracción de las reglas higiénicas o de salubridad, debidamente publicadas por la autoridad, en tiempos de catástrofe, epidemia o contagio, será penado con presidio menor en su grado mínimo o multa de 6 a 20 unidades tributarias mensuales”.

Especial relevancia cobra el hecho de cometerse el delito bajo el estado de excepción constitucional vigente, en razón del brote mundial del síndrome respiratorio agudo grave que produce el Covid-19, catalogado por la Organización Mundial de la Salud como una emergencia de salud pública de importancia internacional.

Diligencias a realizar

Entre las diligencias que se solicitan en la querella está la de recabar el registro de cámaras de seguridad del BCI, “a fin de establecer la ruta de tránsito del querellado”.

Se pide establecer “quién dio el aviso de que el querellado se encontraba en cuarentena y circulando por las dependencias del banco”.

Y que “se determine la situación actual de salud de cada una de las personas que tuvieron contacto con el querellado”; como también la ficha clínica del detenido en el centro de salud donde se le aplicó el examen para la detección del Covid-19, y se cite a declarar al profesional médico que realizó el diagnóstico.

Fuente: https://laprensaaustral.cl/