Proponen modificaciones a normativa sobre derechos y deberes del paciente

06 de Mayo de  2020.-

Como un proyecto positivo que viene a llenar una serie de vacíos regulatorios existentes, calificó el consejero del Consejo para la Transparencia (CPLT), Marcelo Drago, la iniciativa que modifica la normativa sobre derechos y deberes del paciente y establece la reserva de la información personal contenida en la ficha clínica.
El representante del CPLT presentó ante la Comisión de Salud de la Cámara Baja, instancia que analiza el proyecto, una serie de propuestas que a juicio de la entidad resultan necesarias para enfrentar de mejor manera la ausencia de una regulación adecuada en materia de datos personales y en especial el tratamiento de los datos de carácter sensible, y que se han puesto de manifiesto a partir de la pandemia por Coronavirus en Chile.
El proyecto busca autorizar en la Ley Nº 20.584, de manera expresa y específica, la transferencia de información entre las autoridades que necesariamente deban conocer de la población afectada de una pandemia o epidemia, a fin de prevenir el contagio en la población.
Sobre la entrega de identidades de pacientes con Covid-19 a Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), el representante del CPLT detalló que actualmente existe “una autorización legal bien precaria” –en el Código Sanitario-, “porque esa norma está en el contexto de las autorizaciones sanitarias” sino más bien “asociada a clausuras de establecimientos”.

Fuente: http://www.diarioelheraldo.cl/

 

Información de pacientes COVID-19 positivo a alcaldes genera dudas

Por La Prensa Austral, lunes 4 de mayo del 2020.-

El estudio de la norma continuará en próximas sesiones, luego que los miembros de la Comisión de Salud realizaran un análisis de los pros y contras. Argumentaron que podría traer graves problemas si se filtran detalles de las personas en cuarentena

Más dudas que respuestas quedaron tras el análisis que realizaron los integrantes de la Comisión de Salud, del proyecto que modifica la ley N° 20.584, sobre derechos y deberes del paciente, para autorizar el tratamiento de datos para el control de pandemia derivada del COVID-19.

En la última sesión de la instancia, los legisladores estudiaron la norma en primer trámite, junto al presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), Fernando Paredes, quien también lidera la alcaldía de Puerto Natales.

Si bien todos coincidieron en la necesidad de gestionar mejor la información, de manera que las secretarías regionales ministeriales de salud y los jefes de los Servicios de Salud dialoguen para potenciar la atención primaria en este escenario de crisis. Ello, de acuerdo a la reflexión, no implicaría necesariamente la dictación de una ley que permita a los ediles contar con datos sensibles de las personas contagiadas con Coronavirus.

Datos sensibles 

El representante de la AChM aseguró que “más que saber nombre y apellido del vecino infectado, queremos apoyar a las personas que deben estar en cuarentena por haber tomado contacto con el que salió positivo en el examen. Esto lo hemos planteado en la Mesa Social del COVID- 19. Entendemos los temores respecto a los datos sensibles, es más nos vimos envueltos en una polémica acá en Puerto Natales”.

El alcalde Paredes explicó que “hemos recogido la mirada de los alcaldes y ellos cuentan con los datos sensibles de todos los vecinos a través del registro social de hogares. Nunca ha habido un problema de filtración desde esa base de datos. Insisto en que más que tener el nombre del afectado por sí mismo, lo único que persigue esa idea es que exista una real coordinación para que los consultorios hagan el real aporte que pueden llegar a hacer”.

“Creemos que lo que está fallando es la coordinación entre el jefe del Servicio de Salud y la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Salud, pero a esta última autoridad es a la que le dieron las atribuciones para tomar medidas. Por ejemplo, no nos ha llegado un peso para los Equipos de Protección Personal (EPP), todo ha llegado al sector secundario, no al primario”, graficó.

Tras la exposición, los senadores de la Comisión plantearon que el proyecto en debate no representa un cambio respecto a lo que existe, asegurando que la intención de apoyar podría ser buena, pero las consecuencias de una filtración de datos podrían ser peores.

Considerando que el fin último de esta moción es reforzar el protagonismo que se merece la atención primaria, la Comisión acordó oficiar al Ministerio de Salud (Minsal) para conocer el detalle de los recursos que se están entregando a los SAPUS, Cesfam y Consultorios, de manera que se transparenten las cifras por comunas. También se solicitará saber la coordinación que establece la cartera con lo local.

Proyecto

La norma es debate corresponde a una moción de los senadores Jaime Quintana, Carolina Goic, Guido Girardi, Manuel José Ossandón y David Sandoval a partir de la cual, se establece que:

“En el evento de que exista un acto o declaración de la autoridad competente que establezca medidas sanitarias o de seguridad interior para el control de la pandemia denominada COVID-19, la información contenida en la ficha clínica podrá ser entregada total o parcialmente, a los alcaldes, única y exclusivamente durante esta emergencia sanitaria, cuando éstos tengan conocimiento, debidamente comprobado, que una persona de su comuna padece la mencionada enfermedad.

Ello, a fin de coordinar en conjunto con las autoridades del ministerio de salud, las atenciones específicas de carácter asistencial a proporcionar para tratar la enfermedad, así como su seguimiento, incluyendo la supervisión, a través de funcionarios municipales, del cumplimiento por parte de aquella persona de las respectivas medidas de control sanitario que se hayan dispuesto, como cuarentenas o cordones.

Para el conocimiento de la ficha y la adopción de medidas, el alcalde deberá contar con el consentimiento explícito de quien padece la referida enfermedad.

Tanto el alcalde como los funcionarios municipales que traten datos personales de aquellos que se encuentren en la situación descrita precedentemente, deben guardar secreto o confidencialidad a su respecto y abstenerse de usar dicha información con una finalidad distinta de las funciones que les corresponda desempeñar o utilizarla en beneficio propio o de tercero.

La persona deberá ser debidamente informada sobre la finalidad y condiciones de tratamiento de los datos contenidos en su ficha clínica, pudiendo ejercer en todo momento los derechos de acceso y rectificación, y permitiendo la cancelación del tratamiento de sus datos una vez finalizada la emergencia sanitaria.

El tratamiento de los datos personales por parte del Municipio, quedará sujeto a lo dispuesto en la ley N° 19.628, sobre Protección a la Vida Privada, considerándose al Alcalde como el responsable del tratamiento de los datos, debiendo además tomarse todas las medidas de seguridad durante el tratamiento.

El alcalde será responsable por los daños y perjuicios provocados a un titular por la pérdida, mal uso y cesión ilícita de los datos de salud contenidos en la ficha clínica”.

Fuente: https://laprensaaustral.cl/

 

En fallo unánime. CS rechazó casación interpuesta en contra de sentencia de Corte de Chillán que no acogió demanda por indemnización de perjuicios por falta de servicio en contra del Hospital de Bulnes.

En su sentencia, el máximo Tribunal adujo que no concurre en la especie aquel error de diagnóstico y hospitalización tardía que los actores atribuyen a los demandados como hecho configurativo de la falta de servicio.

3 de mayo de 2020

Por unanimidad, la Corte Suprema rechazó recurso de casación en la forma y en el fondo interpuesto en contra de sentencia de la Corte de Chillán que rechazó una demanda por indemnización de perjuicios por falta de servicio en contra del Hospital de Bulnes y el Servicio de Salud Ñuble.
En su sentencia, el máximo Tribunal sostuvo que en cuanto al recurso de casación en la forma, resulta claro que el arbitrio examinado no ha dado cumplimiento a la exigencia de su preparación, razón por la cual corresponde desestimarlo.
Enseguida, el fallo agregó que, respecto al recurso de casación en el fondo,  es posible concluir que la actuación del Hospital de Bulnes se ajustó a los protocolos preventivos dispuestos por la autoridad sanitaria, puesto que, ante el diagnóstico de una herida punzante, causada por un clavo y, por tanto, con un riesgo de verse infectada por tétanos, se prescribió precisamente la administración de toxoide antitetánico, lo cual consta de manera expresa en la ficha clínica del paciente. Luego, cuando consulta nuevamente el 21 de octubre en el servicio de urgencias, únicamente se le indicó tratamiento antibiótico, en tanto ya se había prescrito la vacunación con anterioridad.
Posteriormente, el tétanos fue diagnosticado el día 28 de octubre, coincidiendo esta fecha con el periodo de incubación de la bacteria y la aparición de los primeros síntomas el 26 de dicho mes, de modo que tampoco podría estimarse que tal diagnóstico hubiere sido tardío.
Luego, la sentencia explicó que  en consecuencia, del mérito de la prueba rendida en autos es posible concluir que no concurre en la especie aquel error de diagnóstico y hospitalización tardía que los actores atribuyen a los demandados como hecho configurativo de la falta de servicio, todo lo cual necesariamente conduce, tal como viene resuelto, al rechazo de la demanda. Por tanto, aun cuando pueda coincidirse con el actor en que existió una omisión en la valoración de la prueba rendida, examinadas dichas probanzas en detalle, como se ha hecho, se concluye que tal falencia no ha tenido influencia en lo dispositivo del fallo.
En virtud de dichas consideraciones, la Corte Suprema rechazó el recurso impetrado en contra de la sentencia de la Corte de Chillán.

Vea textos íntegros de las sentencias de la Corte Suprema en causa Rol Nº 4225-2019 y de la Corte de Chillán en causa Rol Nº 272-2018.

Fuente: https://www.diarioconstitucional.cl/

Juzgado de Garantía de Angol amplió detención de imputado por parricidio

01 de Mayo de 2020.-

Juez también ordenó que el hospital de la ciudad entregue al Ministerio Público, en el más breve plazo, la ficha de atención siquiátrica del detenido.  

El Juzgado de Garantía de Angol decretó jueves la ampliación de la detención del joven identificado con las iniciales C.A.V.M., de 21 años, quien es imputado por el Ministerio Público como autor del delito consumado de parricidio, ilícito  que habría perpetrado en la víspera en esta ciudad.

En la audiencia de control de detención (causa rol 937-2020), el juez Juan Mauricio Poblete Erices acogió la solicitud del Ministerio Público y fijó para las 10.30 horas del próximo domingo 3 de mayo, la audiencia de formalización de la investigación, ordenando el ingreso en tránsito del imputado en el Centro de Detención Preventiva, CDP, de la ciudad.

Según el ente persecutor, cerca de las 17.30 horas de este miércoles, C.A.V.M fue detenido por Carabineros, tras recibir una denuncia telefónica,  en un domicilio del pasaje Elba en la población Alemania, donde residían la víctima junto a su hijo, el imputado. En el lugar los Carabineros entrevistaron a un vecino, quien informó que escuchó gritos de auxilio de la víctima, por lo que concurrió hasta su casa y tocó la puerta, pero nadie le abrió; luego no se escucharon más llamados de socorro. Posteriormente, vio salir del domicilio al imputado descalzo y con las manos y vestuario ensangrentados.

Momento que aprovechó para ingresar a la vivienda, encontrando el cuerpo inerte de la víctima en el piso, entre la cocina y comedor, con diversas heridas. Fallecimiento que fue constatada por personal de Carabineros y de salud que llegaron al lugar.

El tribunal ofició al Hospital Dr. Mauricio Heyermann de Angol para que entregue al Ministerio Público en el más breve plazo, la ficha clínica de atención siquiátrica del imputado.

Fuente: https://www.malleco7.cl/

Sin positivo: la realidad de los fallecidos sin testear que no aparecen en las estadísticas del Minsal

por  28 abril, 2020

En una buena parte de Europa, los países desarrollados que han sucumbido ante la letalidad del coronavirus están comenzando a rectificar sus estadísticas de fallecidos. Con exámenes post mortem se están dando cuenta de que cientos, si no miles, de personas que fallecían en sus casas y sin haber sido testeadas, habían contraído la enfermedad. Pero nada de lo que ocurre allí pasa en Chile. «Tenemos la menor tasa de mortalidad después de Corea del Sur», dijo hace unos días el ministro Mañalich. Una historia distinta están comenzando a contar en localidades rurales del sur del país y en algunas comunas vulnerables de la Región Metropolitana, donde advierten que el protocolo del Minsal que exige, entre la sintomatología relevante, la fiebre, está haciendo que se mande para la casa a muchas personas sospechosas de tener COVID-19. Muchas de estas –refieren funcionarios y familiares– se agravan en sus casas y algunas mueren. En sus certificados de defunción aparecen sus enfermedades bases. Son las historias ignoradas en la estadística oficial.

Hasta hace muy poco los muertos por COVID-19 en Italia, España, Francia y Reino Unido, se contabilizaban igual que en Chile. Eran considerados víctimas fatales de la pandemia que azota al mundo desde hace cinco meses, solo aquellos enfermos graves que fallecían en hospitales tras haber dado positivo en los exámenes. El mundo desarrollado, sin embargo, ha empezado a aceptar el equívoco y en muchos países de Europa se ha iniciado la rectificación de defunciones. Una gran lista negra, entonces, comenzó a revelarse: cientos y hasta miles de personas estaban falleciendo en aislamiento en sus casas, solitarias, con certificados de defunción por enfermedades bases, pero contradictoriamente sepultadas a toda prisa bajo estrictos protocolos por COVID-19.

En Chile, no pasa nada de lo que le ocurre a gran parte de Europa. El ministro de Salud Jaime Mañalich afirmó recientemente que el país «tiene una de las tasas de mortalidad más bajas del mundo, solo superada por Corea del Sur». Las estadísticas del Minsal resultan formidables. En Chile muere muy poca gente por coronavirus y, ante tales resultados, es que al titular de Salud –como él mismo señala– le confieren el «honor» de representar la situación de toda América Latina ante la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Pero en sectores rurales del centro sur del país, en comunas vulnerables y en hospitales del servicio de salud norte y sur de la Región Metropolitana, se cuenta otra historia, una muy parecida a la que comienzan a admitir en los países desarrollados: la realidad de los fallecidos sin testear que no aparecen en los registros oficiales.

Don Agustín y el «primer corte» en los Cesfam

Don Agustín era vecino de una comunidad indígena, a 8 kilómetros de Nueva Imperial, en La Araucanía. Vivía solo, pero seguido almorzaba y compartía un mate con sus hermanos y sobrinos que vivían cerca. La mañana del 17 de abril, falleció en su casa, a las 09.00 horas, según consigna su certificado de defunción, el mismo que en vez de entregar la causa de su muerte, indica: “/ / /”.

Todo comenzó en Semana Santa. El viernes 10 de abril, Carabineros pidió una ambulancia para que don Agustín fuera trasladado al Hospital Intercultural de Nueva Imperial. Llevaba dos días sintiéndose mal, con dolor de cabeza y muscular. Cuando llegó al centro asistencial fue atendido por “dolor de piernas”, según la ficha clínica, y devuelto a su casa. “No se colocaron mayores antecedentes en la hoja de atención, solo que él estaba alerta y que cumplía con la categorización C4, fue devuelto al domicilio, ya que tenía 36,9° de temperatura”, explica a El Mostrador su sobrina María Elizabeth Raimán. Como no presentaba fiebre, no se le tomó la muestra para el test PCR, que detecta el coronavirus.

El lunes 13 de abril, don Agustín asistió al Cesfam local para el control de sus várices, dolencia que lo aquejaba junto a la hipertensión y obesidad. Según sus familiares, él le habría señalado, a quien lo atendió, que estaba resfriado y con dolores, los que fueron atribuidos a su enfermedad de base. Al día siguiente, “él se volvió a sentir mal, pero les dijo a mis tíos que para qué iba a ir, si no le iban a dar nada”, relata su sobrina. El viernes en la mañana, uno de sus hermanos lo encontró muerto en su casa, tenía “sus pies oscuros, negros”.

Las lesiones en los pies en los casos de COVID-19 positivo se han registrado en todos los países desde que se desató la pandemia. Pero tener acroisquemia digital no constituye un síntoma por el que deba practicarse el test PCR, aunque esté acompañado de tos, dolor de cabeza y muscular.

En la definición de caso sospechoso del Minsal, que data del 23 de marzo, se establece que el test PCR se debe aplicar a viajeros que presenten un cuadro respiratorio agudo, fiebre o algún síntoma de enfermedad respiratoria y, también, a pacientes que tengan síntomas y hayan tenido contacto con una persona positiva para COVID-19. Para los casos de circulación comunitaria, el documento indica que el paciente debe presentar fiebre, 37,8°, y al menos uno de estos síntomas: dolor de garganta, tos, dolor muscular o problemas para respirar. Este lunes 27 de abril, en la actualización entregada por la cartera, se agregaron otros dos síntomas: pérdida de gusto y olfato.

Rossana, funcionaria del Centro de Salud Familiar de La Florida, quien pide reserva de su identidad porque teme perder su empleo, confiesa que ese protocolo es el «primer corte». «Todos los días llegan pacientes, personas que tienen enfermedades bases, abuelitos que viven solos, con tos seca, dolores de cabeza, pero si no tiene 37,8, se les manda para la casa nomás. No se les hace examen y a veces ni siquiera se les atiende, porque son muchos los casos. Si tienen o no coronavirus, no lo sabemos. Pero ahí se hace el primer corte».

En el Hospital San José, de atención secundaria, otra funcionaria refiere lo mismo: «El manejo es muy oscuro, no a todos se les toman exámenes, solo casos más graves y con fiebre en el momento de la consulta. Si la persona tomó paracetamol y no está con fiebre, no le toman examen. Al interior del hospital creo que ahora es muy difícil que hospitalicen COVID-19 sin tomar examen, esos casos los mandan a su domicilio. Respecto a lo que ocurre en los APS (Atención Primaria de Salud), allí la situación es más compleja aún, se maneja desde los servicios de salud, los consultorios tienen limitación para la toma de exámenes que hacen ellos mismos. Criterios muy estrictos para tomar examen».

El mayor problema, acusa la funcionaria, son los hogares. «Allí sí que no se toman muchos exámenes y son esos abuelos los que mueren y en certificado de defunción no está la causa de COVID-19».

Separados por cientos de kilómetros, la situación que se describe desde el Hospital San José es calcada a lo que padeció la familia de don Agustín. Tras ignorar y no ser informados en el momento que podían solicitar un examen post mortem al Servicio Médico Legal, la familia fue enviada al Hospital de Nueva Imperial para obtener el certificado e iniciar el proceso para sepultarlo. En el lugar le entregaron un certificado que incluía su historial médico y enfermedades crónicas, y aunque con ninguna alusión al COVID-19, se le instó a aplicar rápidamente el protocolo para coronavirus.  “Todo se resolvía muy rápido, comprar rápidamente la urna, sellar la urna”, agrega la familia.

El kit, los reactivos y el hospital Lucio Córdova

Luis Morales, dirigente de la Fenats, que trabaja en el Hospital San José, confirma algo que en estos últimos días había circulado como un rumor y que, al poco tiempo, se convirtió en certeza. Los exámenes PCR que se estaban solicitando de los Cesfam no se están realizando en el Hospital San José, que corresponde al Servicio Salud Norte y se están enviando al hospital de enfermedades infecciosas Lucio Córdova, del Servicio de Salud Sur. Algo que podría resultar muy frecuente entre los servicios de salud, sin embargo, está provocando mucha preocupación, porque no estarían solo llegando exámenes de este hospital, sino también desde muchos del sector sur, y el problema mayor es la falta de uno de los reactivos.

Del Servicio de Salud Sur admiten que «efectivamente tienen muchos problemas». «Faltan reactivos, de hecho las muestras de APS que se procesaban en el Roberto del Río, ahora también van al Lucio Córdova».

La explicación que dan tiene que ver con los problemas en lo kits que compró el ministerio y que fue denunciado en un reportaje de Ciper. «Como no sirven, en los test hay falsos positivos». Pero al problema de las tórulas, que al ser poco flexibles impedían correctamente obtener la muestras, ahora se sumarían problemas con los propios reactivos.

«Aquí hubo un muy mal negocio. Lo que vende el Gobierno es que se compró un millón de test, pero en la práctica se restringe la toma de exámenes por los problemas con el kit de toma de muestra y por dificultades en su procesamiento en los laboratorios clínicos de los hospitales públicos».

Este problema, advierten funcionarios de la salud, ha derivado en que durante las últimas jornadas, por «videoconferencia les sugieren a los médicos de APS tomar exámenes solo a grupos de riesgos y con todos los síntomas clínicos establecidos en la guía Minsal, incluida la fiebre». Como ya se sabe, si no hay fiebre, no se toma.

Los testeos en tiempos de escasez

En un contexto de escasez de insumos médicos, en Chile de a poco se han ido ampliando los lugares de testeo, más allá de los hospitales o clínicas. Así, en las últimas semanas se ha incluido a los Centro de Salud Familiar en la red que toma las muestras para realizar el test PCR, el cual es reservado estrictamente a los pacientes con síntomas y no cuenta con medidas especiales para la población de riesgo.

En la circular no se hace mención a un trato especial en caso de personas de la tercera edad o pacientes crónicos, que, como lo ha destacado el ministro Jaime Mañalich, conforman las características que más se repiten entre las personas fallecidas por coronavirus. Por otra parte, las cifras de pacientes asintomáticos alcanzan el 75%, según consignó el propio ministro de Salud, tras el encuentro de la OMS el jueves pasado.

El alcalde de Independencia, Gonzalo Durán, señala que “lo que hemos alegado los alcaldes es una falta absoluta de información (…), no tenemos información de cuántos test PCR se aplican por comuna, sabemos cuántos positivos hay, pero sí no sabemos a cuántos vecinos se les ha realizado el test. Esto tiene una arista en materia de equidad: si aplicas mil test en la zona oriente y la mitad en comunas más pobres de Santiago, puede ser que esté subrepresentada la población más pobre. Sabemos que un 50% de los test los revisan laboratorios del sistema público, el que atiende al 70% de la población, que son las personas más vulnerables”.

“La política del Minsal de que se testea solo a los casos sintomáticos es completamente insuficiente, la mejor demostración está en hogares de adultos mayores. En Independencia no habríamos testeado ni al 10% de los casos si hubiéramos seguido la circular. Es necesario que se testee a toda la población de riesgo. En su último reporte, el ministro mañalich dijo que se informa de 6 mil test PCR al día, pero que hay capacidad para aplicar 12 mil, entonces, podría testear a la población de riesgo, aunque no tenga síntomas”.

Secretos de las autopsias y las bolsas mortuorias celestes

Como en los Cesfam no se están realizando los testeos que se debieran, una de las consecuencias fatales –apunta Magaly Garay, presidenta de la Fenats Hosmet – HLF y funcionaria del hospital concesionado de La Florida– es que la gente «se queda en sus casas y llegan a los hospitales cuando ya se encuentran graves».

Y tal como el caso de don Agustín, situaciones como la que advierte la dirigenta metropolitana, suceden también en el sur.

Uno de estos casos se registró hace un mes, cuando el medio La Voz de Pucón publicó el caso de una familia que perdió a su madre de 88 años, de iniciales S.A.A., en el Hospital de Pucón. La mujer fue internada el 26 de marzo en el recinto asistencial, presentaba un cuadro de fiebre y problemas respiratorios graves y, a pesar de que le habían indicado hacer el test PCR al día siguiente, murió esa misma noche. La Seremi de Salud de La Araucanía y el Ministerio Público tuvieron conocimiento del caso, pero S.A.A. no fue trasladada al Instituto Médico Legal, ya que el doctor a cargo indicó que no había sospecha de COVID-19 en su caso.

En el certificado de defunción –según recoge La Voz de Pucón– se certifica como causa inmediata del fallecimiento una insuficiencia respiratoria aguda y apunta como causa originaria una neumonía. Consultado al respecto, el director médico del Hospital de Pucón, doctor Luis López, explicó que el recinto no contaba con lo necesario para realizar el test PCR y que no es posible aseverar que S.A.A. falleció por coronavirus.  “No hay cómo confirmarlo. La señora llegó por una neumonía, el diagnóstico de muerte es neumonía. Dicho evento produjo el deceso”, señaló, al tiempo que agregó que, como nunca se le realizó el test a la mujer, “no entra en la estadística oficial”.

«Ese es el gran problema», agrega Luis Morales, de la Fenats. «La gente que está falleciendo en su casa o en los hospitales no sabemos si están contagiadas o no, porque los médicos están escribiendo en sus actas de defunción solos las enfermedades base, o por el cuadro por el que se presentó en el servicio de urgencia», sostiene. Y agrega una dato adicional, no menos preocupante: «Pero tampoco sabemos a qué casos se les están practicando autopsias, hay secretismo, que no se entiende. Porque con esa información se puede precaver o advertir a familiares. Pero si llega por una enfermedad cardiorrespiratoria, aun cuando existe sospecha de que tenga COVID-19, lo que se escribe es la enfermedad respiratoria».

«El secretismo, las dudas sobre cómo se está manejando la pandemia, cómo lo está haciendo el ministro Mañalich, están desde el primer día», puntualiza Óscar Rivera Araya, secretario general de la Fenats Nacional Metropolitana. «Y donde todas las irregularidades se ven de manera manifiesta es en el Hospital de La Florida, en donde hasta dirigentas sindicales han sido golpeadas por autoridades del hospital por decir las cosas como son».

Rivera se refiere al caso de Magaly Garay, presidenta de la Fenats Hosmet – HLF. «En ese hospital pasan cosas muy graves», confirma Magaly. «Aquí todo se hace con mucho secretismo y lo que no se hace así es irracional». En el mismo hospital donde se suicidó un adulto mayor –caso confirmado de Covid-19– con los cordones de sus zapatos y al cual no se practicó una autopsia porque, según la dirección del hospital, los familiares no lo autorizaron, en circunstancias que un informe de Carabineros reveló que la víctima no tenía familiares. El personal de la Salud no puede acceder a los insumos de protección personal, porque todos están guardados en la oficina de la directora, sin que nadie pueda usarlos. «En el piso de cirugía, tanto el personal clínico como los enfermos, todos tienen COVID positivo».

Pero eso es que resulta irracional, no se compara con otras situaciones del todo anormales. «Aparte de la persona que se suicidó, en este hospital no se han registrado muertes por COVID-19. Pero lo más extraño es que al menos tres fallecidos han sido envueltos en bolsas celestes, hecho confirmado por funcionarios de Anatomía Patológica. ¿Y para qué se usan esas bolsas? Para fallecidos COVID. Pero oficialmente aquí no se han registrado muertes por COVID», denuncia. «Lo que pasa es que, aun siendo positivos, si tiene enfermedad de base se le pone eso, lo que es beneficioso para las estadísticas de mortalidad».

Rectificación en el mundo

España, uno de los países más golpeados por el coronavirus, instauró en su protocolo el examen post mortem para COVID-19, que no necesariamente se realiza vía PCR, sino que apuntaría a la revisión de otras señales en el cuerpo de los fallecidos. Además, en Cataluña, desde el 15 de abril se comenzó a notificar a los familiares de los fallecidos que no se les había realizado el test PCR, pero que presentaban síntomas, como “casos probables” de coronavirus.

En Madrid, el 14 de abril, se informó de “al menos 3.449 muertos con COVID-19 o síntomas que no constan en los datos diarios de Sanidad”, según consignó el medio español 20 Minutos. La cifra correspondía a 2.820 fallecidos en residencias para adulto mayor, 616 en sus casas y 13 en otros lugares, como la vía pública.

A mediados de abril, Wuhan, epicentro de la pandemia, revisó su cifra de muertes y añadió 1.290, un 50 % más de las informadas. Mientras que en EE.UU. se descubrió que la primera muerte por COVID-19 data del 6 de febrero en el condado de Santa Clara, California, no en Seattle el 26 de febrero, como se había dado a conocer oficialmente. La información se descubrió luego que el forense clínico del condado de Santa Clara revisara las autopsias de dos personas que murieron en sus casas el 6 y el 17 de febrero: ambos casos dieron positivos para coronavirus, según informó The New York Times.

A fines de marzo, el diario El País publicó el reportaje “Cada país cuenta los muertos a su manera y ninguno lo hace bien”. Allí se entrega evidencia de las distintas  formas de contabilizar los fallecimientos que había en Europa hasta el 30 de marzo. En Italia se incluye en el registro de víctimas de coronavirus a todos los pacientes que habían dado positivo en las pruebas y que han fallecido, independientemente del resto de aspectos de su historial clínico, siguiendo el criterio del Instituto Superior de Sanidad. Posteriormente, se realiza un estudio epidemiológico para profundizar las causas de muerte. Las autoridades hacen la diferencia entre “fallecidos con coronavirus y no por coronavirus».

En un inicio, en Reino Unido no se registraban las causas de la infección respiratoria de los pacientes fallecidos, los médicos solo consignaban bronconeumonía, neumonía o avanzada edad. En Francia, solamente se contabilizan los fallecimientos en centros hospitalarios y clínicas, dejando fuera a los fallecidos en sus casas y hogares para adultos mayores. Cabe destacar que más del 80% de los fallecidos en dicho país corresponde a personas de más de 70 años.

A todas estas dificultades para contabilizar a los fallecidos por COVID-19, se suma una posible causa asociada a la enfermedad, que hoy está en plena investigación por el mundo científico-forense: la coagulación en la sangre en los pacientes críticos por coronavirus. El 23 de abril, The Washington Post publicó un artículo en el que relataba cómo médicos de Unidades de Cuidados Intensivos de Estados Unidos coincidían en que al menos un 30% de sus pacientes presentaba alteraciones en su sangre y la presencia de trombos.

La alerta se presentó primero entre los hospitales de la Universidad Emory, en Atlanta, pero la discusión se amplió a los principales centros médicos del país, especialistas de Tufts, Yale-New Haven, Universidad de Pensilvania, Brigham and Women’s y el Hospital Presbiteriano de Nueva York. Aunque no se logró consensuar el por qué, “muchos llegaron a la conclusión de que los coágulos podrían ser responsables de una parte importante de las muertes por COVID-19 en Estados Unidos. Incluso podrían ser la explicación de por qué tantas personas están falleciendo en sus casas”, plantea el citado artículo.

Fuente: https://www.elmostrador.cl/

Paciente fallecido por COVID-19 habría solicitado no se realizaran más intervenciones

El lunes 20 de abril, cerca de las 14:00 horas se conoció el primer fallecido en la Región de O’Higgins por el coronavirus COVID-19Este paciente fue conocido como el caso 11.

El mismo día lunes, la Cliínica Isamédica informó de su fallecimiento por medio del siguiente comuniado:

Comunicado oficial por paciente fallecido en Clínica Isamédica

Como institución debemos informar acerca del sensible fallecimiento de un paciente de 26 años de edad, quien se encontraba internado en la Unidad de Pacientes Críticos (UPC) de Clínica Isamédica de Rancagua, desde el día 21 de marzo de 2020.

Al momento de su ingreso a la unidad, el paciente presentaba regulares condiciones generales, con franca dificultad respiratoria y requerimientos de oxígeno, por lo que se le realizaron exámenes que confirmaron la presencia de una neumonía multilobar con alta sospecha de infección por COVID-19, la cual se confirmó el día 24 de marzo de 2020.

Debido a su estado se decidió la intubación precoz, presentando una evolución satisfactoria y estable dentro de su gravedad, condición que mantuvo hasta el día 7 de abril de 2020, donde presentó un deterioro hemodinámico y ventilatorio que terminó en un paro cardiorespiratorio, del cual se recuperó después de recibir maniobras de reanimación avanzada.

Posteriormente, el paciente persistió en estado de gravedad, requiriendo drogas vasoactivas y sedación profunda, sospechando la presencia de un cuadro de encefalitis asociada que lo mantuvo en extrema gravedad hasta el momento de su deceso, el cual se registró el día 20 de abril de 2020, a las 13:58 horas.

En esta ocasión el Equipo Médico, respetando la voluntad del paciente -quien a través de su madre manifestó que en caso de presentar un estado irreversible en su condición clínica no se realizaran más intervenciones– se acogió a dicha solicitud, la cual quedó registrada y firmada por la madre en la Ficha Clínica.

Como institución lamentamos profundamente el deceso del paciente y expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia. El equipo realizó un trabajo exhaustivo y multidisciplinario 24/7 para estabilizarlo y recuperarlo, lo que se mantuvo hasta donde fue posible intervenir.

Fuente: https://horadenoticias.cl/

Contraloría desestima entrega de datos sensibles de pacientes a municipios

Publicado:   Autor: Cooperativa.cl

Pronunciamiento respalda la postura del Gobierno ante las reiteradas solicitudes de los jefes comunales.

Parlamentarios anunciaron un proyecto para permitir excepciones en la materia.

La Contraloría General de la República se pronunció ante la solicitud de diversas municipalidades para acceder a datos personales de pacientes con Covid-19, luego que el Ministerio de Salud pidiera una resolución ante ese aspecto.

De hecho, el pasado viernes, el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, presentó un recurso judicial para conocer las identidades de quienes están contagiados con la enfermedad, para tomar medidas sanitarias e ir en ayuda de las familias afectadas.

No obstante, de acuerdo al organismo contralor, no corresponde la entrega de esos datos a los jees comunales, respaldando así la postura de La Moneda.

«La información de salud relativa a los pacientes que hayan sido diagnosticados con Covid-19 forma parte de la ficha clínica de cada uno de ellos y constituye un dato sensible, que solo puede ser objeto de tratamiento —esto es, puede ser extraído, disociado, comunicado, cedido, transferido, transmitido o utilizado en cualquier otra forma— en lo que interesa cuando la ley lo autoriza expresamente», dice el escrito, según consignó El Mercurio.

El dictamen alude al artículo 19 -número 4- de la Constitución, que establece la protección de datos personales, así como también al artículo 2 de la ley de Protección de la Vida Privada (19.628) que considera a los estados de salud físicos o psíquicos como «dato sensible».

Además, apunta a la ley sobre derechos y deberes de los pacientes (20.584), que determina que «los terceros que no estén directamente relacionados con la atención de salud de la persona no tendrán acceso a la información contenida en la respectiva ficha clínica».

«Considerando que ni la referida Ley N° 20.584 ni otro texto legal vigente autorizan expresamente a las municipalidades o sus respectivos alcaldes para realizar el tratamiento de datos sensibles, no resulta procedente la entrega a tales entidades o autoridades de información de salud relativa a los pacientes que hayan sido diagnosticados con el denominado covid-19, sin su consentimiento», recalca el texto firmado por el contralor, Jorge Bermúdez.

Parlamentarios presentaron proyecto para agregar excepciones

Ante esto, en el Congreso admitieron el impedimento legal de la situación, por lo que senadores, tanto de Chile Vamos como de la oposición, presentaron ayer un proyecto de ley en la materia.

«Si queremos de verdad, entre todos, aplanar la curva, tenemos que hacer una excepción porque la ley de derechos y deberes del paciente no se pone en el caso de una pandemia, y hoy día tenemos muchos casos en que los alcaldes están haciendo muchos esfuerzos, pero actuando a ciegas por no tener toda esta información», planteó Jaime Quintana (PPD).

La iniciativa se tramita en la comisión de Salud del Senado y fue firmada por el propio Quintana, Guido Girardi (PPD), Carolina Goic (DC), Manuel José Ossandón (RN) y David Sandoval (UDI).

Fuente: https://www.cooperativa.cl/

Mañalich valora dictamen de Contraloría que descarta entrega de datos de pacientes con Covid-19 a alcaldes: “El conocer la identidad implica un gravísimo riesgo a sus DD.HH.»

Esto luego de que más de 50 alcaldes acusaran de “hermetismo y secretismo” a la autoridad sanitaria en la entrega de información sobre la pandemia.

“Estamos seguros que el conocer la identidad de quienes tienen el diagnóstico de coronavirus positivo, implica un gravísimo riesgo a sus derechos humanos”, dijo este miércoles el ministro de Salud, Jaime Mañalich.

El secretario de Estado –en el marco de la entrega de un nuevo balance nacional por la pandemia– fue consultado por la situación de un brote de Covid-19 en una comunidad de migrantes. Al respecto, sostuvo que “nosotros tenemos un temor tremendo, por lo que significa el riesgo de enfermar por coronavirus, que se produzcan casos de discriminación en el país”.

Reiterando que “hay una evidencia patente que cuando se detecta una situación de personas con contagio, el riesgo de que sufra discriminación y vulneración de sus derechos es extraordinariamente grave”.

Dictamen de Contraloría

En la instancia, Mañalich aludió al dictamen que emitió la Contraloría General sobre este tema. El organismo informó, a través de sus redes sociales, la publicación de un documento respecto a la posibilidad de que alcaldes o alcaldesas pudieran acceder a información sobre los pacientes con el virus.

Esto luego de que un grupo de más de 50 alcaldes diera a conocer -el pasado jueves- una declaración en la que criticaban el “hermetismo” del Ministerio de Salud en el manejo de la información del brote. En la misiva, además, exigieron que “se termine con el secretismo y que se comparta con el sistema de salud primaria municipal toda la información para colabora”.

Sin embargo, desde Contraloría recordaron que esto no está dentro de las facultades legales de los ediles y detalló que la ley expresa que «toda la información que surja, tanto de la ficha clínica como de los estudios y demás documentos donde se registren procedimientos y tratamientos a los que fueron sometidas las personas, será considerada como dato sensible”, consignó el documento firmado por el contralor Jorge Bermúdez.

Así, “la información de salud relativa a los pacientes que hayan sido diagnosticados con Covid-19, forma parte de la ficha clínica de cada uno de ellos y, en consecuencia, constituye un dato sensible que solo puede ser objeto de tratamiento, en lo que interesa, cuando la ley lo autoriza expresamente”.

Concluyendo que la ley no autoriza a los municipios -o jefes comunales- al tratamiento de datos sensibles, por lo que “no resulta procedente la entrega a tales entidades o autoridades de información de salud relativa a los pacientes que hayan sido diagnosticados con el denominado Covid-19, sin su consentimiento”.

Fuente: https://www.latercera.com/

Clínica Isamédica entrega antecedentes sobre joven fallecido por Covid 19.

Por Publicado martes 21 abril 2020.-

Mediante un comunicado de prensa, la Clínica Isamédica señaló que el joven que lamentablemente perdió la vida por Covid 19, se encontraba internado en la Unidad de Pacientes Críticos (UPC)  desde el día 21 de marzo de 2020.

«Al momento de su ingreso a la unidad, el paciente presentaba regulares condiciones generales, con franca dificultad respiratoria y requerimientos de oxígeno, por lo que se le realizaron exámenes que confirmaron la presencia de una neumonía multilobar con alta sospecha de infección por Covid-19, la cual se confirmó el día 24 de marzo de 2020.

Debido a su estado se decidió la intubación precoz, presentando una evolución satisfactoria y estable dentro de su gravedad, condición que mantuvo hasta el día 07 de abril de 2020, donde presentó un deterioro hemodinámico y ventilatorio que terminó en un paro cardiorespiratorio, del cual se recuperó después de recibir maniobras de reanimación avanzada.

Posteriormente, el paciente persistió en estado de gravedad, requiriendo drogas vasoactivas y sedación profunda, sospechando la presencia de un cuadro de encefalitis asociada que lo mantuvo en extrema gravedad hasta el momento de su deceso, el cual se registró el día 20 de abril de 2020, a las 13:58 hrs.

En esta ocasión el Equipo Médico, respetando la voluntad del paciente -quien a través de su madre manifestó que en caso de presentar un estado irreversible en su condición clínica no se realizaran más intervenciones- se acogió a dicha solicitud, la cual quedó registrada y firmada por la madre en la Ficha Clínica», señala el escrito.

Para terminar el comunicado indica que «como institución lamentamos profundamente el deceso del paciente y expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia. El equipo realizó un trabajo exhaustivo y multidisciplinario 24/7 para estabilizarlo y recuperarlo, lo que se mantuvo hasta donde fuese posible intervenir».

Fuente: https://www.elrancaguino.cl/

Contraloría descartó entrega de datos de pacientes con COVID-19 a municipios

Por: El Desconcierto / Publicado: 22.04.2020

El ente fiscalizador señaló que en la Constitución, la ley «establece que los terceros que no estén directamente relacionados con la atención de salud de la persona no tendrán acceso a la información contenida en la respectiva ficha clínica», negando así la solicitud de los municipios a saber la identidad de los contagiados de Covid-19 pertenecientes a cada comuna.

La Contraloría General de la República se pronunció sobre la petición de diversos municipios del país, que han solicitado al gobierno la información sobre las personas contagiadas de Covid-19.

De acuerdo a lo señalado por el ente fiscalizador, no corresponde que se entreguen los datos personales de los pacientes a las municipalidades, respaldando la postura del Ministerio de Salud.

Contraloría recordó que el “artículo 19, Nº4 de la Constitución Política de la República, asegura a todas las personas el respeto y protección a la vida privada, a la honra de la persona y su familia, y la protección de sus datos personales; estableciendo que el tratamiento y protección de estos datos se efectuará en la forma y condiciones que determine la ley”.

También que “el artículo 12 de la ley Nº 20.584 -que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención de salud-, define la ficha clínica como el instrumento obligatorio en el que se registra el conjunto de antecedentes relativos a las diferentes áreas relacionadas con la salud de las personas”.

En la misma línea, establecen que “toda la información que surja, tanto de la ficha clínica como de los estudios y demás documentos donde se registren procedimientos y tratamientos a los que fueron sometidas las personas, será considerada como dato sensible, de conformidad con lo previsto en la letra g) del artículo 2ª de la ley Nº 19.628”.

Por lo mismo, Contraloría informó que “la información de salud relativa a los pacientes que hayan sido diagnosticados con Covid-19, forma parte de la ficha clínica de cada uno de ellos y, en consecuencia, constituye un dato sensible que solo puede ser objeto de tratamiento -esto es, puede ser extraído, disociado, comunicado, cedido, transferido, transmitido o utilizado en cualquier otra forma-, en lo que interesa, cuando la ley lo autoriza expresamente”.

Además, recalcan que “el artículo 13 de la referida ley Nº20.584, establece que los terceros que no estén directamente relacionados con la atención de salud de la persona no tendrán acceso a la información contenida en la respectiva ficha clínica”.

Debido a los argumentos anteriores, el ente contralor concluye que “no resulta procedente la entrega a tales entidades (municipios) o autoridades (alcaldes) de información de salud relativa a los pacientes que hayan sido diagnosticados con el denominado Covid-19, sin su consentimiento”.

Fuente: https://www.eldesconcierto.cl/